El aumento de los crímenes cometidos contra mujeres y niños continúa generando un debate no bien resuelto en nuestra sociedad. Tenemos la convicción de que estos asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas son la expresión más brutal de una cultura patriarcal y sexista, en la cual los varones sienten y perciben a las mujeres como objetos de su propiedad. Por ello la reacción negativa y violenta, reacia a admitir un proyecto de vida autónoma o una propuesta de separación. Alarma que tal reacción se traduzca en femicidio e incluso se descargue una y otra vez sobre familiares de las mujeres, los propios hijos, sus abuelos y abuelas.

La Ley 26.485 de Prevención de la Violencia de Género, sancionada en el año 2010, resume la más moderna conceptualización sobre las distintas formas de violencia y propone un conjunto enorme de herramientas para prevenir las mismas y asistir a las víctimas. Coloca como autoridad de aplicación al Consejo Nacional de la Mujer a fin de que articule las políticas públicas a llevar adelante por los distintos ministerios.

Esta transversalidad incorporada en la ley es una definición moderna y avanzada del Estado, pero también puede convertirse en una trampa si no se opera rápidamente y se toman medidas políticas con urgencia. Al consagrar una autoridad de aplicación con muchas competencias, pero al mismo tiempo sin estructura de cargos y funciones, y sin capacidad de ejecución presupuestaria, la responsabilidad de puesta en marcha de políticas públicas y programas se diluye en múltiples organismos y comisiones especiales que funcionan correctamente, pero de manera autónoma y fragmentada.

La aplicación de la Ley Nacional de Prevención de la Violencia de Género requiere una Autoridad de Aplicación –el Consejo Nacional de la Mujer, según establecen los artículos 8 y 9– que tenga la energía política y presupuestaria para avanzar con el conjunto de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un auténtico Plan Nacional de Prevención de la Violencia.

Y que empiece por investigar las causas y factores judiciales que incidieron en la comisión de tantos femicidios en 2011 y lo que va de 2012; que dictamine con la Procuración General de la Nación la revisión de las prácticas judiciales que generaron tanta impunidad. Tenemos que reconocer en ellas otras tantas causas de la persistencia de los delitos aberrantes contra la vida de las mujeres, la cultura patriarcal y la sensación de impunidad que tiene la sociedad.

Y que encare con urgencia una campaña nacional y local sostenida en el tiempo que atraviese el sistema educativo y los medios masivos de comunicación social, y colabore en la reorganización de los programas de asistencia a las víctimas de violencia de género, casi inexistentes en muchos distritos provinciales y desguarnecidos –sin recursos ni patrocinio jurídico suficientes– en la propia ciudad de Buenos Aires.

Necesitamos que este mismo Estado nacional que con fuerza ejemplar empezó a recuperar las empresas privatizadas en la década del ‘90, que posibilitó el proceso de condena judicial contra los militares genocidas, ponga fin a la impunidad de tantos crímenes por violencia de género. Es quizás una tarea de mayor complejidad, pero de profundo contenido social. Todas las organizaciones del movimiento de mujeres, de la lucha por la igualdad y la diversidad, del paradigma de la protección integral de los derechos de la infancia, estaremos dispuestos a cooperar en la nueva batalla.

* Legisladora porteña.