La Corte Suprema de Santa Fe pretende llevar a juicio político al defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, por excederse en sus funciones, lo que en términos de un defensor viene a ser defender mucho. La curiosa acusación es más curiosa aún si se considera que la Defensoría Provincial es autónoma de la Corte y de la Procuración, creada por Ley 13.014, de 2009, luego de la intervención de la Comisión Interamericana de DD.HH. en el caso Godoy, un albañil detenido durante 19 años luego de declarar bajo tortura y sin contar con defensor. Ganón fue designado en abril de 2011, pero quedó solo porque no le nombraron defensores. El defensor provincial tomó una serie de casos de torturas y/o causas armadas aceptadas por el juez de turno sin que hubiera presente un defensor y presentó hábeas corpus o reclamó nulidades. La Corte, habituada al sistema anterior, de defensores bajo las órdenes de un fiscal, lo acusó de excederse en sus funciones y presentó un pedido de juicio político a la Legislatura, sin tener atribuciones para hacerlo.

El 5 de diciembre pasado, cuando el gobierno santafesino firmó el acuerdo con la relatora de la CIDH para Argentina, Luz Mejía, para iniciar la defensa penal autónoma –luego de reconocer la responsabilidad en el caso Godoy–, el gobernador Hermes Binner aseguró que “va a ser muy difícil que un nuevo caso se vuelva a dar en la provincia”.

Para esa fecha, al menos un caso ya demostraba que tan difícil no era. Cuatro meses antes, Ganón publicaba en un medio local su opinión sobre el asesinato de Leandro Zini, que conmovió a la provincia y por el que detuvieron y culparon a un chico de 15 años. Ganón sostuvo que se repetía el caso Godoy, ya que el chico no contó con defensa adecuada y tenía menos de 16 años. La Corte le pidió explicaciones y el autónomo Ganón no respondió. Apercibimiento de la Corte a una estructura que no le pertenece.

En febrero de este año, la Secretaría de DD.HH. provincial pidió la intervención de Ganón en el caso Sandoval. Martín Sandoval está detenido en Coronda, penado a seis años por disparar en 2010 contra la casa de una vecina. El 15 de febrero de este año, Gumercinda Ojeda, la denunciante, se presentó ante la secretaría para declarar que Sandoval no era quien había disparado. Dijo que en aquel momento, advertida del error, se había presentado en la seccional 23ª de Santa Fe. “Me dijeron que ya no se podía hacer nada y que igual él merecía estar preso”, sostuvo Ojeda. Desesperada, fue a la Defensoría 5, que había participado (nominalmente) del caso –se trata del equipo de defensores del antiguo sistema, dependientes del procurador–. “Me dijeron que no se podía hacer nada”, repitió la mujer. Fue entonces con la madre de Sandoval al Juzgado de Sentencia. Le respondieron que la sentencia estaba firme y no se podía hacer nada. Acudieron a la Fiscalía, con la misma y obvia respuesta. Falto de defensor, Sandoval designó a un abogado particular, quien presentó ante la Corte un recurso de revisión (para que se revisara el caso) de unas pocas líneas y sin fundamentar. La Corte, en lugar de intimar al abogado a que fundamentara, rechazó el pedido (rechazo que es opuesto a jurisprudencia de la Corte Suprema nacional que, en términos llanos, sostiene que la defensa no sólo debe estar presente sino que además debe defender, y bien). Con semejante panorama, la secretaría pidió la intervención de la Defensoría Provincial. Ganón presentó un hábeas corpus y fundamentó un pedido de revisión, que la Corte rechazó y apercibió a Ganón luego del dictamen del procurador, que (obviamente) sostuvo que se excedió en sus atribuciones ya que aún no se encuentra en funciones el organismo. En pocas palabras, la Corte no intimó a la Legislatura ni al gobierno santafesino para completar el diseño de defensores de los derechos humanos, firmado por Binner ante la CIDH, y en cambio apercibió al defensor. Apercibimiento de la Corte.

En mayo pasado, otro caso semejante, esta vez de dos adolescentes torturados en la comisaría de Florencia. El caso, denunciado por Página/12 en junio pasado, también contó con la intervención de Ganón luego de que las defensorías de la acusación no se interesaran en el caso. El juez interviniente había aceptado la declaración obtenida por los policías bajo tortura, y sin presencia de defensor, y los adolescentes no se atrevían a denunciar las torturas a quien se transformaba en juez y parte. Nuevo apercibimiento de la Corte.

El último caso, el de un hombre que se presenta en la Defensoría Provincial para denunciar que su hijo adolescente había sido torturado en la comisaría. Que le armaron una causa y que los policías le habían robado la moto de su madre, en la que viajaba cuando fue detenido. El padre dijo que lo primero que hizo fue presentarse ante la jueza Gabriela Sansó (la misma del caso Zini), decirle que su hijo había sido torturado y que era inocente. Sansó le respondió que ella se basaba en las declaraciones policiales. El padre del chico, desesperanzado, acudió a la Defensoría Provincial, donde le pidió a Ganón que lo representara porque era pobre y carecía de dinero. Ganón lo acompañó a presentar la denuncia por las torturas y por el robo de la moto y apeló ante Sansó, que rechazó la apelación, pero terminó sobreseyendo al joven. Después de la participación de Ganón, Sansó lo denunció ante la Corte.

El caso colmó el vaso. La Corte presentó el pedido para desplazar del cargo al defensor autónomo que defiende sin que lo hayan designado, pero habiendo sido nombrado para el cargo tras la firma de Binner y la CIDH para que no se repitan casos como los de Godoy, por más difícil que sea.

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