Un juez de la localidad italiana de L’Aquila condenó a seis destacados sismólogos a seis años de prisión y a pagar indemnizaciones por “homicidio involuntario” a raíz de haber dado información “inexacta, incompleta y contradictoria” a la población acerca del terremoto que devastó a esa ciudad en 2009. Los científicos integraban la Comisión Nacional para la Previsión y Prevención de Grandes Riesgos y el fallo sostiene que sus informaciones crearon en el público una errónea sensación de tranquilidad que llevó a no tomar medidas para protegerse. El veredicto será sin duda apelado, pero los condenados deberán pagar en el acto parte de la indemnización, además de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Cinco mil científicos del mundo suscribieron una fuerte crítica a la condena, “que puede desalentar a los investigadores a participar en cuestiones de importancia pública”.

En la década de 1990, y en el marco de la alta frecuencia de eventos sísmicos en Italia, se creó la Comisión Nacional para la Previsión y Prevención de Grandes Riesgos, constituida por destacados profesionales universitarios; se reunía para emitir opinión cada vez que se presentaban situaciones de alarma. A principios de 2009, en la localidad de L’Aquila –en el centro de la península itálica–, comenzaron a reiterarse movimientos telúricos que inquietaban a los habitantes. La comisión fue convocada y, el 31 de marzo, emitió un dictamen que, según el fallo judicial, resultó “tranquilizador para la población, que en caso contrario hubiera podido tomar medidas para protegerse”. Seis días después se produjo el terremoto, que causó 309 muertos y destruyó gran parte de la ciudad.

La fiscalía presentó testimonios como el de un hombre cuyos padres murieron en el siniestro: “En otras ocasiones hubieran huido, pero esa noche repetían lo que la comisión había dicho y se quedaron”. El juez, Marco Billi, elevó a seis años la pena de cuatro requerida por el fiscal. Entre los condenados se encuentra el profesor Enzo Boschi, ex presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, y Bernardo De Bernardinis, subdirector de la Agencia de Protección Civil de Italia.

Más de 5000 científicos adhirieron a una carta al presidente de Italia, Giorgio Napolitano, firmada por Alan Leshner, director de la revista Science, que expresó “preocupación” por el proceso a los sismólogos y sostuvo que los cargos fueron “injustos a la vez que ingenuos”, además de afirmar que “exponer a cargos criminales a los científicos por adherir a prácticas aceptadas puede tener un efecto perjudicial sobre los investigadores, impidiendo el libre intercambio de ideas y desalentándolos en la participación en cuestiones de gran importancia pública”.

“Este fallo es tremendo”, dijo a este diario Raúl Madariaga, profesor de geofísica en la Ecole Normale Supérieure de París y a su vez miembro de la Comisión de Estudio de la Previsión Sísmica en Italia, la cual había advertido oficialmente la condición “imprevisible” de los terremotos. “Es clarísimo que hay una enorme diferencia entre un informe leído por un científico y el mismo informe leído por un juez. La comisión había dicho que los aceleramientos de la sismicidad se producen frecuentemente en esa región y no se puede saber si desembocarán en un terremoto: el juez interpretó esa frase como una desestimación del peligro”. Madariaga observó que “aunque pueda haber apelación, parte de la indemnización que se les reclama la tienen que pagar en forma inmediata, y la mayoría de ellos son profesores universitarios, no son ricos”.

Madariaga agregó que “el fallo puede tener consecuencias sobre otros juicios en marcha. En Chile hay un proceso donde un sismólogo, junto con otros funcionarios, está acusado por supuestas demoras en dar la alerta de tsunami por el terremoto que se produjo en 2010. En Japón, hasta el momento se ha impedido un juicio parecido por el tsunami de 2011”.