Tras el asesinato de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el pasado 10 de octubre en el paraje El Simbol, en el límite con la provincia de Salta, el movimiento denunció que el acusado que mató de una puñalada en el cuello a Galván –identificado por la organización campesina y señalado como sicario de un empresario de Salta– “todavía está en libertad”. El Mocase-VC cuestiona al juez de instrucción Mario Dilascio, a cargo del Juzgado Nº 2 de Metán, donde tramita la causa, porque “no ejerce la custodia policial” sobre el sospechoso y, también, por “no ordenar la detención de los autores intelectuales del crimen: el encargado de la empresa agropecuaria salteña La Paz SA y su apoderado, quienes pretenden alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas de Lule Vilela”.

Cariló Olaiz, miembro del Mocase-VC, señaló que luego del asesinato de Galván, “el sicario estuvo con custodia policial durante dos días en un hospital de Monte Quemado, en Santiago del Estero, donde fue asistido debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza de parte de uno de los hermanos de Galván, luego de la puñalada mortal que Miguel recibiera en la puerta de su casa y en presencia de su familia”. “Aunque la herida no revestía mayor gravedad, el hombre fue trasladado a un centro de salud de alta complejidad de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, donde le realizaron otros estudios, y el viernes pasado –tras el alta médica– varios testigos vieron a este hombre salir del lugar sin ningún tipo de custodia policial”, agregó Olaiz.

“Ante esta irregular situación, le pedimos al juez Dilascio que actúe de forma inmediata y ese mismo día elevó una orden de detención hacia el asesino para recapturarlo. Hasta el momento, no tenemos información de que haya sido detenido y esperamos que en breve quede arrestado, y tanto él como los empresarios agropecuarios que lo contrataron para matar paguen con cárcel por este crimen”, expresó el referente del Mocase-VC.

El movimiento campesino santiagueño también señaló que “el pasado 18 de octubre detuvieron de forma violenta a César Navarro, un integrante del Mocase-VC que habita en Campo Gallo (ciudad ubicada al noreste de la capital santiagueña), quien fue golpeado, amenazado y trasladado a la comisaría Nº 18 de esa zona”. “Son varias las familias que viven en ese paraje y quienes hace más de tres años vienen presentando denuncias y todo tipo de trámites para hacer valer el derecho a la tierra”, indicó el Mocase-VC. “Nuestra defensa es pacífica, democrática, pero conocemos muy bien la Constitución Nacional y nuestros derechos”, añadió la organización campesina.

La muerte de Galván ocurrió a casi un año de que otro campesino, Cristian Ferreyra, de 23 años, muriera baleado en noviembre pasado por dos hombres que, según dijeron a la Justicia, trabajaban a las órdenes de un empresario dedicado al cultivo de soja. “Los empresarios continúan alambrando valiéndose de la fuerza de los grupos paramilitares. Esto quiere decir que si los campesinos deciden defender su territorio y hacer uso de sus derechos deberían exponerse a grupos armados que ya demostraron no dudar en disparar a matar”, afirmó el Mocase-VC.

“El alambrado encierra las tierras por donde los animales antes transitaban libremente, dejándolos sin alimento y sin agua, lo que provoca que las familias campesinas indígenas criadoras de animales se queden sin su medio de vida”, dijo la organización campesina. Además, “el alambrado impide que los niños puedan llegar a la escuela, tanto porque cierra los caminos como también porque hay hombres armados recorriendo el territorio y son una amenaza permanente”, sostuvo Olaiz.

Informe: Sabrina Améndola.