El pronóstico es malo para Gustavo y Eduardo Juliá, los hijos del brigadier Juliá, y no es tan malo para el copiloto Matías Miret. Los guardias civiles que intervinieron en el procedimiento sobre el narcojet en el aeropuerto de El Prat hicieron una distinción muy clara del comportamiento de los dos hermanos Juliá y el de Miret. Los Juliá estuvieron nerviosos y Gustavo le pidió perdón delante de los guardias, dando a entender que Miret no sabía nada. Además, el copiloto fue contratado a última hora en reemplazo de quien iba a ser el viaje, Miguel Fonruouge, piloto del empresario Eduardo Constantini. Por otra parte, los indicios marcan que los Juliá mantuvieron contacto con el grupo de colombianos que hicieron las reparaciones en el Bombardier en la base aérea de Morón, mientras que Miret nunca estuvo en ese aeropuerto.

Buena parte de la suerte de los hermanos Juliá se basará en las nulidades presentadas por su abogado, Carlos Broitman, quien planteó que los guardias no estaban habilitados para investigar el avión y que hubo una contradicción notoria entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo que estaban al tanto de la operación de narcotráfico con antelación, y los guardias civiles, que sostuvieron que fueron los perros los que encontraron los 944 kilos de cocaína. También Broitman impugnó otras pruebas.

La instrucción de la causa no fue demasiado prolija, al punto que el fiscal preguntó si el avión se trasladó de Morón a Ezeiza por vía terrestre. Sin embargo, es muy posible que pese la trayectoria del Bombardier, que estuvo casi siempre en manos de Gustavo Juliá. Es más, hay un viaje a Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, en el que fue pasajero un colombiano sospechado en otras causas como proveedor de cocaína: John Wilson Díaz Vélez. El juez Marcelo Aguinsky, por ejemplo, lo investiga por su relación con la banda que traficó cocaína y que tenía entre sus integrantes a la modelo Angie Sanclemente. Además, el fiscal consideró parte de la operación vuelos anteriores de los hermanos Juliá a Murcia, viajes en los que había participado Miret.

La fiscal argentina Mónica Cuñarro nunca dejó de mencionar dos hechos notorios. En primer lugar, que el avión surgió de una empresa fantasma armada en Fort Lauderdale, Estados Unidos, lo que pone el acento en que, pese a la relevancia que el país del norte le da a la lucha antidrogas, parte fundamental del entramado se realiza en Estados Unidos. El segundo aspecto es que sigue sin estar clara la punta española de la organización, o sea la banda que iba a recibir, comercializar los estupefacientes y que luego lavaría el dinero.

A Miret lo benefician algunos detalles más. Los técnicos declararon en el juicio que, en un avión de semejante envergadura, una carga de 944 kilos no se nota. En eso hubo unanimidad. Tampoco en la transcripción de la caja negra hay conversaciones en las que se mencione los estupefacientes, de manera que no hubo forma de probarle que estuviera al tanto del cargamento. A Eduardo Juliá lo complica la declaración de los guardias civiles, que sostuvieron que el dueño de la situación era Gustavo, pero que Eduardo estaba al tanto.

Pese a las desprolijidades, parece clarísimo que la droga se cargó en el Bombardier en la base aérea de Morón, en la que se hizo una refacción del interior. El acceso resultaba fácil para los Juliá porque eran hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea. El juez Alejandro Cattania verificó que había una clarísima falta de seguridad en los ingresos. Además, detectó un depósito alquilado por Gustavo Juliá, quien pagó el alquiler en dólares, y en el que se hicieron los supuestos trabajos de retapizado.

En principio el fallo tardará dos semanas, pero se esperan noticias en las próximos días. Es que se vence el plazo de la prisión de los imputados y los jueces deben decidir si los renuevan. El fiscal se opuso a la libertad de Miret, pero aparentemente lo hizo por indicaciones de su superior. Para cada uno de los tres, el miércoles pidió 13 años de prisión y 140 millones de euros de multa.

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