El presidente Néstor Kirchner dio su aval al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y ordenó al ministro de Salud el diseño de una política a cuatro años de reparto de anticonceptivos. También le pidió que no le dé respiro a la jueza federal cordobesa que pretende prohibir las píldoras y los DIU en todo el país. Así lo reveló ayer el propio Ginés González García durante una conferencia de prensa en la que volvió a arremeter contra la magistrada Cristina Garzón de Lazcano. “Es vocación del Presidente de la Nación trabajar a fondo con todos los poderes del Estado para eliminar estas acechanzas que nos remontan al pasado casi de las cavernas”, dijo el ministro en relación a fallo. De todas formas, no sólo escollos judiciales obstaculizan la aplicación del programa. En Rosario, desde enero están arrumbados en un galpón provincial unos 15.000 DIU enviados desde el gobierno nacional y unas 33.000 cajas de píldoras, que todavía no fueron entregados en centros de salud locales “por cuestiones burocráticas”, según denunció a Página/12 el jefe de la Maternidad del Hospital Del Centenario, uno de los más importantes de la ciudad santafesina.
La conferencia de prensa convocada en el Ministerio de Salud fue interpretada como una demostración de fuerza a la jueza talibana. González García habló acompañado por el ginecólogo Roberto Nicholson, profesor emérito de la UBA y ferviente defensor de los derechos reproductivos de las mujeres, la secretaria de Política Sanitarias, Graciela Rosso, la asesora jurídica del Ministerio de Salud, Claudia Madies, y la senadora nacional María Cristina Perciavale. También estuvieron presentes en el auditorio representantes de entidades científicas, ONG y legisladores nacionales, provinciales y de la ciudad, todos en apoyo al Ministerio de Salud, en su pulseada con la magistrada que dos semanas atrás hizo lugar a un recurso de amparo de una entidad religiosa que pidió que se prohíba la fabricación y venta de contraceptivos hormonales y dispositivos intrauterinos en el país por considerarlos “abortivos”.
“Este es un amparo que genera desamparo en la sociedad argentina”, consideró el ministro y destacó que “es increíble que se siga debatiendo este tema en la actualidad”. La medida judicial, en realidad, todavía no tiene validez. Ayer, González García ratificó que la Fundación 25 de Marzo no logró reunir la firma de los veinte abogados que exigió la jueza como aval para que entre en vigencia. Hasta ahora sólo consiguió ocho letrados. Por esa razón, el Ministerio de Salud aún no fue notificado del recurso de amparo. Lo que sí llegó a la cartera es un pedido de informes de la magistrada para que detalle las características de las drogas –la mayoría estrógenos– contenidas en los métodos cuestionados. “Es la primera expresión que recibimos del juzgado. Tendría que haber llegado antes del fallo”, se preocupó por comentar González García, que recibió el lunes el aval del Presidente para profundizar la política en materia de salud sexual y reproductiva iniciada durante la gestión de Eduardo Duhalde.
Pero no sólo hay obstáculos judiciales para que los anticonceptivos lleguen realmente a la gente. Ayer, Walter Barbato, profesor de Obstetricia de la Universidad Nacional de Rosario y jefe de la Maternidad del Hospital Del Centenario, de esa ciudad, denunció que el gobierno de Santa Fe “no distribuyó” una partida de anticonceptivos enviados desde la Nación. “En enero el ministro de Salud provincial, Fernando Bondesío, anunció que había recibido 15.000 DIU para distribuir gratuitamente. Pero desde ese momento están arrumbados en un galpón de la delegación Rosario de la Dirección de Farmacia”, precisó Barbato en declaraciones a este diario. “Hace un mes –continuó– llegaron 33.000 cajas de píldoras anticonceptivas y tuvieron el mismo destino. Dicen que el reparto es lento por cuestiones burocráticas. La gente viene al hospital y pregunta si están los DIU gratis y sigue esperando. Mientras tanto, se producen embarazos”, advirtió. En el hospital –precisó Barbato– nunca recibieronanticonceptivos desde el gobierno provincial. “Trabajamos con donaciones de pastillas de laboratorios y compramos DIU en una fábrica y los colocamos a un valor de 20 pesos, pero no todas las pacientes pueden pagarlo”, aclaró.