La cadena de silencio ha comenzado a romperse y los efectos pueden poner en jaque la estructura de poder que creció bajo las sombras de los Juárez. El doble crimen de las jóvenes de Santiago del Estero se cobró ayer la renuncia del vocero del gobierno, Xavier Ferrara Peña, y tres nuevos pedidos de captura. Entre ellos están los hermanos Fares, sobrinos del archidenunciado José Musa Azar, el comisario denunciado por su participación durante la dictadura que hasta el miércoles estuvo controlando los datos finos de la provincia, al frente de la Secretaría de Informaciones del gobierno de Nina Aragonés de Juárez. Para la Justicia, los Fares tuvieron alguna participación en la fiesta que terminó con el crimen de Leila Nazar. Hoy vuelve al tribunal Juan Santiago Felipe Moreno, el hijo del ahora renunciado vicegobernador provincial, quien enfrentará al tribunal como testigo.
Las investigaciones por los crímenes de Leila Nazar y Patricia Villalba están dando los primeros resultados en medio de una trama que va teniendo tonos escalofriantes. Hasta ahora, poco se sabía de lo que había ocurrido en torno de los cuerpos encontrados el 6 de febrero pasado en medio del monte La Dársena, ubicado a unos 25 kilómetros de la capital. Leila Nazar apareció con el cuerpo destrozado, con las extremidades desprendidas, después de 22 días de búsqueda. La otra joven, Patricia Villalba, llevaba apenas un día perdida. Su cuerpo tenía marcas de estrangulamiento con cables y las pericias indican muerte por asfixia. Desde los primeros días, sus familiares acompañados por representantes de los organismos de derechos humanos y de la Iglesia local plantearon que los crímenes estaban ligados a los “hijos del poder político”.
Página/12 tuvo acceso a las declaraciones de uno de los testigos clave de la causa, cuyo testimonio –protegido por la reserva de identidad– terminó disparando la sucesión de renuncias que llegó hasta el vicegobernador Darío Moreno. En aquel relato y frente al juez, el joven repitió lo que escuchó el sábado siguiente al Viernes Santo, durante un asado en Las Casuinas, uno de los complejos deportivos de La Banda. En esa reunión, después de “algunas dosis extra de distintas sustancias”, tres de sus amigos festejaban los resultados de los crímenes. “Ya estamos salvados”, dijeron antes de comentar los detalles. Para entonces, la causa sólo tenía un detenido: José Llugdar, un joven de 25 años, hijo de los dueños de uno de los frigoríficos más importantes de la capital santiagueña y quien, tanto para la defensa de los familiares de las jóvenes como para buena parte de la opinión pública local se había convertido en rehén del poder político. Su detención y el procesamiento por “doble homicidio con ensañamiento” dictado hace una semana por el juez Mario Castillo Solá, ahora desvinculado de la investigación y con pedido de juicio político, fueron leídos como parte de la trama que tendía a encubrir a los verdaderos responsables.
Del relato de aquel testigo protegido salieron los nombres, las relaciones de las chicas con el mundo de la noche y de la prostitución y los indicios de una trama vinculada a las organizaciones de narcos que, si las investigaciones avanzan, podrían salpicar a las primeras líneas de conducción judicial, policial y política de la provincia. De acuerdo con las declaraciones del testigo y con las reconstrucciones hechas sobre la base de otros testimonios, Leila pasó su última noche en el barrio Mishqui Mayu, en una fiesta organizada por Sebastián Flores, el cuñado del ex vocero de la gobernación, Xavier Ferrara Peña. En esa fiesta, la chica habría estado en un cuarto con tres personas distintas que habrían intentado violarla. La última de esas personas habría sido quien decidió matarla. Este relato provocó el miércoles las detenciones ordenadas por el juez Dardo Herrera y el allanamiento en la casa de Flores, donde aparecieron sábanas enterradas, manchadas de sangre y quemadas, y alguna ropa íntima, supuestamente de Leila. De acuerdo con lo que pudo saber Página/12, por aquellos días Flores ni siquiera podría haber estado en libertad. El joven tiene dos procesos por robo calificado confirmados durante 2002 por la Cámara del Crimen. Para muchos, eran sus relaciones con el poder político y la protección de la cúpula de la policía provincial que fue descabezada por Nina Aragonés quienes le permitían salir de prisión por tiempo ilimitado.
El otro detenido del miércoles fue Alberto Rojas, un hombre de 44 años con antecedentes por narcotráfico. Días después del crimen, Rojas se trasladó a Paraguay. Decidió su vuelta hace poco más de una semana, después del procesamiento de Llugdar. El miércoles, frente al juez, habría reconocido su participación en el crimen y dado detalles sobre la casa de Flores. Ayer, cuando Herrera volvió a tomarle declaración, modificó algunos aspectos de la historia. Y señaló como responsable a un tucumano que ahora tiene pedido de captura. Los investigadores ahora saben que Rojas mantenía una relación con Patricia Villalba, la otra joven muerta y a quien la habrían matado porque estuvo también la noche de la fiesta.
Omar Contreras, detenido ayer, es un remisero que ya había declarado en la causa para desviar el vínculo entre Leila y la casa donde la habrían matado. Frente a la Justicia habló del traslado de Leila de un hotel de citas a Saravah, el boliche de copas donde la vieron por última vez. Para los investigadores, su testimonio es falso y lo indagarán para conocer los motivos. Los hermanos Fares, en tanto, fueron nombrados por los detenidos y vinculados a la sucesión de fiestas que se hacían en la casa de Flores, incluso con aquella donde Leila terminó muerta. En cuanto al hijo de Darío Moreno, el juez le aseguró a este diario que lo vuelve a citar para “seguir todas las hipótesis, sin descartar ninguna”. Entre esas hipótesis, está la participación en la fiesta o la relación con los fiesteros.