Sáb 07.06.2003

SOCIEDAD  › LA TRAMA DE NARCOS CON PROTECCION POLICIAL EN SANTIAGO DEL ESTERO

Muertes que quebraron la impunidad

Los investigadores del caso de las dos jóvenes asesinadas en Santiago del Estero creen que esas muertes están vinculadas a una banda de narcos que operaba bajo el amparo de la Policía.

› Por Alejandra Dandan

Desde Santiago del Estero

Sobre el tendal del doble crimen crecen en Santiago del Estero las sombras del fantasma María Soledad. En las últimas horas, los Juárez han logrado construir un cerco de protección para sobrevivir al desplome de sus segundas líneas acusadas por cientos de voces callejeras de participación y encubrimiento en el crimen de las dos jóvenes santiagueñas. La aniquilación en el cargo del comisario Antonio Musa Azar, que comandó aquí los escuadrones de la muerte durante la dictadura, se ha transformado en un dato para explicar los lazos de los crímenes con las bandas controladas por narcos. Esa es una de las hipótesis con la que trabajan en este momento los investigadores: están convencidos de que los muchachos que fueron detenidos hasta ahora operaban supuestamente para el aparato policial y estaban protegidos por ellos. Ayer, dos de los cuatro detenidos se negaron a declarar, mientras en la causa se acumulan dudas, y muchas, sobre la velocidad y el vuelco que ha dado la investigación en sólo una semana.
El juez Dardo Herrera, a cargo de la instrucción de la causa desde hace sólo una semana, abrió su día de trabajo con una sorpresa: suspendió la declaración testimonial del hijo del ex vicegobernador. Darío Moreno hijo estaba citado para que ampliara los relatos de su primera testimonial. Sin embargo, el juez decidió postergarla hasta terminar con las indagatorias de los otros detenidos y tal vez para convocarlo luego como imputado. Aunque su testimonio aún no parece central para entender lo que sucedió aquella noche del 16 de enero en la que mataron a Leila Nazar, su presencia frente al tribunal es pedida a gritos por quienes se sumaron en estos meses a las marchas organizadas por los familiares de las chicas. De hecho, una de las dos familias, la de Patricia Villalba, acaba de presentar formalmente un pedido para incorporarlo a una rueda de reconocimiento. Luis Santucho, el abogado de los padres y uno de los referentes locales en derechos humanos, sospecha que el chico Moreno habría estado entre el grupo de jóvenes que pocos días antes del crimen supuestamente intentó secuestrar a Patricia. Aquella situación se dio en medio de una fiesta organizada para las noches del Carnaval en uno de los boliches bailables donde Patricia se encontró con Patricio Llugdar, el hasta ahora único procesado en la causa. “Una de sus amigas –explicó Santucho a Página/12– está convencida de que ese día, y no después, querían llevársela para matarla.” Esa noche, aquella adolescente escuchó que Patricia preguntaba por Leila y en su relato habló de Llugdar y de otros tres amigos de quienes no conoce sus nombres pero podría identificar sus caras.
A ese pedido en torno de los Moreno se suman algunas declaraciones confusas del ex segundo de la Casa de Gobierno a la hora de explicar dónde estaban sus hijos cuando se denunciaron las muertes y aparecieron los cuerpos. A ese antecedente se agregó, el martes por la noche, el intento de fuga del por entonces todavía vicegobernador. La policía alcanzó a frenarlo en una de las rutas provinciales cuando intentaba abandonar el territorio de Santiago. Moreno padre estaba en su camioneta y fue devuelto, escoltado, a Casa de Gobierno, donde lo esperaba una tropa encabeza por Nina Aragonés para pedirle la renuncia. Sobre ese capítulo, las conjeturas en tierras de los Juárez son cientos. Incluyen las del propio Moreno: que su desplazamiento fue parte de la pelea por la sucesión del trono de los Juárez.
Sobre ese escenario, los investigadores siguen avanzando entre los datos concretos de fechas, horas, momentos y matices de aquella fiesta macabra donde terminaron descuartizando pedazo a pedazo el cuerpo de Leila. Para dar cuenta de esa situación, el juez tiene detenidos ahora a dos sospechosos de las muertes. Los dos tienen antecedentes por tráfico de drogas, los dos tenían contactos con el poder, uno de ellos es cuñado de Xavier Ferrara Peña, hasta esta semana vocero de la Casa de Gobierno. Ambos conocían de cerca a Leila Nazar y ambos habrían estado la noche del 16 con ella en la casa de Mishky Mayu, uno de los barrios obreros ubicado a unos 14 kilómetros del centro. En esa casa y esa misma noche, ahora se sabe que además de Leila estuvo durante un rato Patricia Villalba, la segunda de las chicas muertas. Ahora, Sebastián Flores, el dueño de la casa y cuñado de Ferrara Peña, está detenido. La misma suerte corre Alberto Rojas. Para la defensa de los familiares de Leila, sus nombres hasta ahora no habían trascendido por la trama de encubrimiento que terminó decapitando a la estructura policial de la provincia.
Para los investigadores, los detenidos estarían vinculados a una banda de narcos que actuaba con protección policial. Daniel Nazar, el abogado de los familiares de Leila, considera estos antecedentes para armar su encuadre. “Acá la cosa está clara –explicaba ayer–: una banda de narcos necesita una estructura logística para moverse, esa estructura o se la da el poder político o el policial: en esta provincia se la daba el policial.”

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