El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, tiene la curiosa característica de haber compensado la actividad investigadora de su función con la cantidad de investigaciones disparadas o solicitadas en su contra. La última llegó a fin del año pasado a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento provincial, encargada de investigar y llevar adelante los juicios a magistrados bonaerenses. La presentó el diputado provincial (NE) Marcelo Saín, acusándolo especialmente de intromisión y entorpecimiento en la causa del doble crimen narco de Unicenter, en el que aparece investigado Henry de Jesús López Londoño, el afamado Mi Sangre, y que podría estar vinculado con la detención de los hermanos Juliá en Barcelona. En su escrito, Saín describe la asombrosa currícula de Novo, especializada en acumular denuncias e investigaciones. En su contra.

Cuando en diciembre de 2010 la Bicameral rechazó el pedido de enjuiciamiento contra Novo, el pedido de juicio político aún no incluía dos datos de trascendencia: aún no habían quedado varados en la penitenciaría de Barcelona los hermanos Juliá ni había sido detenido con toda la bambolla el capo narco Mi Sangre. El fiscal Luis Angelini, que investiga el doble crimen de Monoteto Ceballos y Quintero Gartner en Unicenter, intenta determinar si Mi Sangre tuvo alguna participación y si el viaje de los Juliá estaba relacionado. Intenta, porque en su denuncia sostiene que Novo hace lo imposible por impedírselo.

Saín sostiene en su presentación que Angelini avanza en su investigación sin que le hayan provisto implementos tan básicos como un “celular de guardia”, en una oficina donde apenas entran las carátulas; “sin personal mínimamente idóneo”; “sin fotocopiadora”; sin vacaciones; y con dificultades burocráticas para investigar al poderoso narconegocio, según sostuvo Angelini ante el juez federal Ariel Lijo hace dos meses, cuando decidió denunciar penalmente a su jefe.

El diputado provincial hizo pie en la causa 73.658/11, la de las muertes de Quintero y el Monoteto Ceballos, conocida como Unicenter. La causa, recuerda Saín, era investigada inicialmente por el fiscal Diego Grau, luego desplazado para ubicar en su lugar a Angelini. Recuerda que en una oportunidad, mientras Grau dirigía la investigación se realizaron once allanamientos y que no se pudo tomar testimonios “de interés para la investigación por la carencia de funcionarios letrados del Ministerio Público Fiscal por decisión expresa de la Fiscalía General”. Grau le pidió al segundo de Novo, Marcelo Vaiani, “al menos dos secretarios, pues iba a tener que realizar muchas diligencias”, a lo que Vaiani respondió que “‘no tengo gente, arreglate solo que así venís bien, la manta es corta’”.

En abril de 2009, Grau pidió autorización y medios para contactar a la Fiscalía General de Colombia para realizar diligencias en ese país. La denuncia sostiene que la Fiscalía General jamás dio los pasos necesarios. Para la fecha acordada con Colombia, Grau no logró viajar, lo que motivó un papelón mayúsculo luego de la recriminación de la Cancillería colombiana, que sostuvo que “para una próxima oportunidad se dé aviso, con la debida antelación, ante la imposibilidad de poder concretar los desplazamientos debidamente autorizados”.

En noviembre de 2008, Novo quitó al funcionario letrado del caso: Andrés Zárate pasó sin formación específica a ser fiscal del fuero juvenil. En 2009, apartó a Grau de la causa para enviarlo a Tigre a atender casos de flagrancia. Saín sostiene que Grau pidió a Novo, por nota, que lo reuniera con su reemplazante para ponerlo al día con el extenso expediente. Novo nunca le respondió; ni siquiera le firmó el recibido del pedido. De hecho, la causa estuvo dos semanas acéfala. Cuando en septiembre de 2009 designó a Angelini, le dio cuatro meses para concluir la investigación.

En otra oportunidad, Grau, Bidone (fiscal del Triple Crimen de General Rodríguez) y Córdoba (investigaba el crimen de dos colombianos en San Justo) coordinaron una reunión para pedir el VAIC (un avanzado programa para investigar cruces de llamadas) a la provincia, pero al momento de la reunión, Grau fue convocado a San Isidro para darle indicaciones sobre una encuesta al personal. La instructora judicial con que contaban, Edith Romano, se sintió “coaccionada por la secretaria general de la Fiscalía General” y pidió el pase a otra jurisdicción. Angelini, a cargo de la causa, denunció que el día en que registraba personalmente la embarcación vinculada con el crimen de Galvis Ramírez (involucrado en el caso Unicenter), fue llamado por Novo. Angelini lo denunció como “entorpecimiento de las investigaciones”. También sostuvo que con la excusa de determinar las actividades de la fiscalía, Novo le envió personal para registrar los datos de testigos de identidad reservada. En la actualidad, Saín describe el escenario del fiscal que investiga una de las causas más complejas: Angelini “no tiene empleados ni actuario” y trabaja en “una pequeña oficina sin escritorio ni computadora”.

Además, Saín suma la acordada de la Cámara de San Isidro que denuncia a Novo en 2007; las denuncias de la Asociación Judicial bonaerense por el maltrato a los empleados; de trece fiscales en 2009, por maltratos e intromisiones; y la escasa repercusión de esas denuncias en la procuradora general María del Carmen Falbo.