La Justicia porteña deberá expedirse sobre un reclamo de la Asesoría General Tutelar (AGT) para dar cobertura y contención a seis adolescentes dados de alta de tratamientos por adicción a las drogas, pero que no pueden dejar sus lugares de internación ante la situación de abandono y pobreza en que se encuentran. “Los chicos se encuentran en esa situación desde hace más de dos meses, porque en los hogares del Gobierno de la Ciudad se niegan a admitir a jóvenes con esa problemática”, dijo a Página/12 Gabriela Spinelli, coordinadora de Salud mental de la AGT.

La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que rechazó la declaración de incompetencia dictada por la jueza de primera instancia y consideró que al gobierno local le corresponde arbitrar “las medidas pertinentes que garanticen la externación” y mantener los “tratamientos ambulatorios que deban realizarse” a través de la Subsecretaría de Promoción Social y el Ministerio de Salud de la ciudad.

De acuerdo con el fallo, al que accedió Página/12, los camaristas Carlos Balbín, Esteban Centanaro y Mabel Daniele se pronunciaron respecto de la acción de amparo de la AGT por seis jóvenes internados en el hospital infanto juvenil Carolina Tobar García y en las comunidades terapéuticas Los Naranjos y Candil, todos con alta médica, pero sin poder dejar esos lugares por falta de condiciones dignas de vida y garantías de recuperación.

En primera instancia, la jueza Lidia Lago se había declarado incompetente al entender que hay juzgados del fuero civil interviniendo en el tema. Pero el tribunal superior revocó esa decisión. El recurso “no tiene por finalidad interferir en el expediente civil controlando el proceso de internación desde el comienzo hasta el alta médica, sino simplemente garantizar a los niños un lugar adecuado donde residir cuando los médicos a cargo dispusieran que aquellos se encuentran en condiciones de dejar el nosocomio”, opinaron los camaristas.

“Esta causa tiene por objeto poner fin a la supuesta omisión en que habría incurrido el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al no proveer de los recursos idóneos para llevar a cabo la externación de los menores que se hallan en la situación descrita”, agregaron. Es que cada uno de los menores “se encuentra con alta de internación que no pudo llevarse a cabo con motivo de la falta de recursos y situación de vulnerabilidad en que se encuentran”, concluye el fallo.

Según Spinelli, de acuerdo con la Ley de Salud Mental, el Estado porteño “debe poner a disposición de los jóvenes que son dados de alta, de lugares de albergue donde puedan además recibir el tratamiento de manera ambulatoria”. “Estos jóvenes están privados de su libertad ilegítimamente”, concluyó.