El caso de Damián Alejandro Sepúlveda, por decirlo de alguna manera, se complejiza. Sepúlveda es el joven que apareció muerto en la comisaría de General Madariaga el 13 de enero pasado, luego de haber sido detenido por una contravención, método ilegal que los uniformados suelen usar a falta de sus manos libres, los vetustos edictos policiales. Aparecer muerto es una contradicción del lenguaje, pero en la literatura de las versiones policiales suele introducirse esa confusión entre imagen y realidad, tal como un bastón entero (policial o no) que al atravesar la superficie del agua, se lo ve quebrado sin que lo esté. La primera autopsia, realizada en un espacio aséptico, el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó la literatura: el detenido se había suicidado. El pedido de una nueva autopsia con personal altamente especializado por parte de la fiscalía, la familia y la Comisión Provincial por la Memoria debió ser homologada por la propia Suprema Corte por las dificultades que encontraba para implementarse. La cantidad de golpes, la rotura de una costilla y un fuerte golpe en el tórax, que aparecieron de improviso recién en la nueva autopsia, parecen dejar dos moralejas: una, que –tal como señaló la versión policial– el joven logró suicidarse en estado de inconciencia; dos, que por error de tipeo, donde se lee un instituto aséptico debe leerse un instituto escéptico. Salvado el error, la información: el 13 de enero, el joven de 27 años, Damián Sepúlveda, murió en una celda de la comisaría de Madariaga, hecho que desató la reacción de vecinos que apedrearon la seccional dos días después, protesta de la que la familia de la víctima se distanció. La familia reaccionó exigiendo al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, explicaciones que, hasta ayer, no las había recibido. La Fiscalía 3 de Pinamar, a cargo de Juan Pablo Calderón, inició una causa, la 03-03332-13, con una celeridad inusitada. En realidad, la auxiliar letrada de la fiscalía, Agustina Amigorena, se encontraba en la comisaría el mismo domingo 13 de enero, cumpliendo otras actuaciones, cuando se enteró de que había un suicidado. En realidad le informaron 15 minutos después de que los bonaerenses ya habían cerrado su versión policial en acta, y un par de horas después de muerto efectivamente. El informe de la auxiliar no puso en duda la versión literaria.

El fiscal Calderón, siguiendo los protocolos, apartó a la Bonaerense y envió el cadáver para realizar una autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora. No llegó a apartarla por completo: el director del mentado instituto –que viene a ser la Asesoría Pericial que la Procuración tiene en Lomas de Zamora–, Alfredo Romero, es retirado de la Científica de la Bonaerense. Es decir, antes, estando en actividad, en casos como éste, Romero no debía ser convocado. Ahora es director de los peritos que acuden en reemplazo de los peritos como Romero. El médico designado por Romero, Marcelo Isaac Dabbah, confirmó que el joven Sepúlveda se había suicidado. En realidad no encontró rastros de que hubiera ocurrido otra cosa, ya sea por falta de luz, de imaginación o de experiencia. La cuestión es que los familiares de Sepúlveda rechazaron el resultado porque tenían pruebas de la persecución policial, publicadas por este diario el 25 de enero pasado.

La familia, asesorada por el abogado marplatense Julio Hikkilo y acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria, pidió una reautopsia, esta vez en La Plata. La propia CPM solicitó al fiscal y recomendó a la familia la intervención de la titular de la Dirección de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración General, Virginia Creimer, por su experiencia en casos como éste. No fue fácil lograr su designación. Al punto de que la CPM debió llegar al subsecretario de DD.HH. de la Suprema Corte provincial, Martín Lorat. Finalmente la designación surgió por orden del mismísimo presidente de la SCJ, Eduardo de Lázzari.

La reautopsia se realizó la semana pasada. Como resultado de la reautopsia, Creimer determinó otra versión de la historia. No contrastaba con la versión policial sino que la enaltecía como versión literaria, esa capacidad de que un desmayado se suicide. El informe preliminar, firmado en acuerdo con Creimer por los peritos de la Asesoría Pericial de La Plata, señaló –según citó la CPM a este cronista–: múltiples lesiones en el cuero cabelludo desde la frente hasta la nuca; lesiones en el cuello no explicadas en profundidad en la autopsia anterior; una lesión en el tórax, realizada con un elemento que podría ser un bastón, con tanta fuerza que fracturó la costilla; lesiones en brazos y espalda; y una lesión de un escopetazo (no mencionada en la autopsia) que fuera informado por este diario. La hipótesis es que lo golpearon en el tórax al detenerlo, lo patearon, lo golpearon en la cabeza, perdió el conocimiento, se dieron cuenta de que se les fue la mano. Y se suicidó.

“Se confirmaron las peores sospechas –dijo a este cronista Roberto Cipriano García, titular del Comité Contra la Tortura, de la CPM–. Lo asesinaron a golpes. Todo lo que se encontró en la reautopsia no se había visto en la autopsia realizada a la ligera en Lomas de Zamora. Este caso, como tantos otros, demuestra que no alcanza con descubrir la trama de la impunidad, hace falta una reforma profunda de la Bonaerense y de la Justicia.”

El impacto de la información, en la causa caratulada como averiguación de causales de muerte, fue importante. El fiscal, como quien escuchó el relato de que los Reyes Magos no existen, quiere revisar la re-reautopsia y solicitar otra. No tendrá resultados, ya no le quedan músculos analizables. Ni peritos.

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