El embajador argentino en Washington, Diego Guelar, fijó la postura oficial en torno del caso de la pareja acusada en Miami de asesinar a un joyero cubano, al expresar “el rechazo y condena tradicional de la República Argentina a la eventual invocación y/o aplicación de la pena de muerte”. La pampeana María Rosa Marchán está presa en esa ciudad y si se declara culpable podría evitar la pena capital. En tanto, su novio, el cordobés Esteban Calafell, sigue escondido en algún lugar de su provincia, aunque uno de sus abogados aseguró anoche que no está librada aún la orden de captura en su contra.
El abogado José Luis Reinoso confirmó que junto al otro defensor de Calafell viajará a Estados Unidos el próximo 4 de marzo. Reinoso dijo a Página/12 que estará presente en la audiencia del 7 de marzo “donde la fiscalía tiene que exhibir al menos parte de las pruebas” en contra de su defendido. También aclaró que Calafell “no da a conocer su paradero” pero esto no implica que esté prófugo hasta tanto haya un pedido concreto de captura.
“Por el momento (Calafell) no va a viajar porque es conveniente que el trámite se haga directamente desde Argentina y no que él solo se presente”, explicó Darío Vezzaro a una radio cordobesa. El novio de la chica detenida envió un fax con su firma a los medios donde agradeció “en nombre propio y de María Rosa la solidaridad y preocupación de todo el país”.
La situación del joven es complicada. En la audiencia preliminar, la fiscal de distrito de Miami, Gail Levin, señaló a Calafell como el presunto autor material de la muerte de Agustín Morales, ocurrida el 29 de diciembre del año pasado. Se supone que, en el caso de que se lo juzgue, la fiscalía solicitaría la misma pena que para su novia. Anteayer, Levin había adelantado que pedirá la pena de muerte para María Rosa Marchán.
Vezzaro también comentó que el juez Adam Murphy “deberá ahora definir si da curso al pedido de captura” de la fiscal contra Calafell. “Entonces sí habrá un pedido de extradición”, añadió. Y aclaró que en ese caso “se estudiará la posibilidad de ampararse en el artículo 6 de la ley 25.126” que permite no entregar a la persona si no se le garantiza “que no le aplicarán la pena de muerte, o en caso de aplicársele, no se la van a ejecutar”.
Los abogados de Calafell están siguiendo el caso desde Córdoba, aunque están “en contacto” con Miguel Angel Pierri, el defensor de Marchán, que los informa desde Miami.
Mientras tanto, el embajador argentino Diego Guelar dio instrucciones al cónsul en Miami, Guillermo Jacovella, para que se ocupe del caso. Pidió que “además de prestar la tradicional asistencia que se brinda a todo ciudadano argentino, se preste la máxima colaboración a la defensa de la imputada”. El representante diplomático dejó en claro también “el rechazo y condena tradicional de la República Argentina a la eventual invocación y/o aplicación de la pena de muerte”.