El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostiene que el kirchnerismo les ha dado mayor incorporación a la agenda política a las problemáticas indígenas que los gobiernos anteriores. La Ley de Relevamiento de Territorios –que se prorrogará en noviembre por cuatro años–, la Ley de Educación y la de medios son ejemplos “del accionar del gobierno nacional” para “defender los derechos constitucionales que hasta el 2007 no eran más que un adorno”. Defendió la reforma del Código Civil para “darles realidad a los derechos de la propiedad comunitaria al reconocer a la comunidad como sujeto de hecho y no a ONG u otros intermediarios”, y adelantó nuevas medidas legislativas que serán enviadas el Congreso.

–En materia de reconocimiento de los derechos indígenas, ¿qué rol cumple la ley 26.160, de Relevamiento de Territorios de los pueblos indígenas?

–Es una ley muy importante, sancionda en 2006 gracias a la entonces senadora Alicia Kirchner. Por primera vez en 200 años, el Estado nacional releva toda la ocupación indígena en la Argentina. Tiene dos aspectos fundamentales: uno es la emergencia frente a los violentos desalojos que tienen lugar en las tierras de las comunidades y por eso se incorporó la cláusula que le da una temporalidad de cuatro años; el otro es el relevamiento, que es un proceso complejo con muchos intereses en juego.

–¿Cómo se desarrolla la aplicación de la ley?

–El proceso actual es lento y contradictorio, porque los dueños se oponen. Las sociedades rurales han sido la principal oposición en los distritos. Empresas privadas que buscan extender sus cultivos de soja o mantener sus emprendimientos en minería. Actualmente estamos a mitad de camino, con 450 comunidades y 4,5 millones de hectáreas registradas. Relevar no es simplemente llenar una planilla, hay que marcar límites, hacer planos. Y no firmamos nada sin el aval de la comunidad.

–Desde la oposición han cuestionado que la ley vence en noviembre.

–Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han impulsado sucesivas leyes que les dan operatividad a los derechos indígenas y no los dejan como meros adornos. No es sensato pensar que en noviembre vamos a dejar caer esta ley tan importante. Se va a prorrogar por otros cuatro años. Hay una oposición que habiendo sido gobierno entre el ’94 y el 2003, no implementó ninguna legislación pro indígena.

–¿Existen obstáculos legislativos o constitucionales?

–El gran problema es la contradicción legislativa. La Constitución de 1994 reconoce el derecho a la propiedad comunitaria, pero en su artículo 124 les otorga a las provincias el control de los recursos naturales, entre ellos el más importante, la tierra. Cuando queremos implementar la ley, las provincias nos plantean el tema del federalismo, obligándonos permanentemente a negociar y acordar. Aún así, son veinte las provincias donde hemos avanzado en el relevamiento, y se están por sumar Neuquén y Formosa. El 25 de junio empieza en La Primavera.

–¿Cómo se resuelve esta situación?

–La Presidenta ha elevado al Congreso el proyecto de reforma del Código Civil, fundamental para darles realidad a los derechos de la propiedad comunitaria al reconocer a la comunidad como sujeto de hecho y no a ONG u otros intermediarios. Además se va a resolver el problema jurisdiccional con las provincias permitiendo avanzar más rápido en el relevamiento.

–Viendo las manifestaciones en Plaza de Mayo, muchos sectores han planteado que el gobierno nacional no responde a la problemática.

–En el tema tierras, el gobierno nacional ha mostrado su preocupación y lanzado medidas importantes. La crítica es injusta, y más cuando sale de medios como Clarín y La Nación, que siempre han concebido a los pueblos originarios como un actor ajeno al país, y lo utilizan políticamente para pegarle al oficialismo. También lo hace la Iglesia. No se cuenta toda la verdad, como que en el Bicentenario, Cristina recibió a más de 400 referentes indígenas de todo el país, sin intermediario alguno.

–También los han sostenido referentes de la comunidad indígena...

–Hay representantes muy mediáticos, como Félix Díaz, que parecieran arrogarse la representación de todas las comunidades en la Argentina. El fue recibido recientemente por mí, por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y por el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. No puede decir que el Estado los ignora, dejándolos desvalidos y sin protección. Díaz puede pensar como quiera, pero no cuestionar el accionar del Gobierno, que ha implementado leyes para defender derechos constitucionales que hasta 2007 no eran más que un adorno. Entre ellas, la nueva Ley de Educación que contempla la enseñanza bilingüe, o la nueva ley de medios, que les otorga derechos comunicaciones y plena participación en la Afsca. Inclusive en La Primavera, donde desde que empezó el conflicto se avanzó en hacer llegar el agua y construir viviendas. Se construyó un centro de atención médica de alta complejidad gracias a la gestión de la ministra Alicia Kirchner.

–¿Qué otros temas tiene hoy en la agenda el INAI?

–Antes que nada, vamos a renovar la Ley de Relevamiento, y luchar por la sanción de la Reforma del Código Civil. Si avanzamos en esto, pensamos implementar dos nuevas leyes. Una para reglamentar la figura de la propiedad comunitaria y facilitar el trámite de las expropiaciones. Luego vamos a modificar la ley que le da creación al INAI, con el fin de incorporar mecanismos de consulta y participación indígena.

–¿Son suficientes para responder a las problemáticas indígenas?

–Existe un tema cultural que el país entero debe abordar. Una profunda discusión sobre el racismo, que es muy fuerte en el interior, sobre todo en el norte argentino. Parte de esa batalla cultural tiene que ver con lo simbólico. Un ejemplo es la remoción del monumento a Colón que se quiere remover de las cercanías de la Casa Rosada, y reemplazarlo con la estatua de una mejor representante de la independencia mestiza, Juana Azurduy.

–Frente a las represiones en Formosa, ¿qué función cumple el Protocolo de Intervención de las fuerzas de seguridad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó aplicar en la comunidad qom La Primavera?

–Es para articular la acción de la Gendarmería Nacional, para que no haya agresiones externas, con la policía provincial que ha abusado en la represión en algunas tierras. Es perfeccionar un mecanismo de protección que ya poseen estas comunidades.

Entrevista: Juan Manuel Frías.