Luego de un recurso jerárquico presentado por un inmigrante senegalés –que contó con el patrocinio de la Defensoría General porteña–, el Ministerio de Salud de la Ciudad modificó el criterio para entregar los certificados de discapacidad y a partir de ahora ya no será necesario contar con el DNI para poder obtenerlo, requisito que perjudicaba a aquellos inmigrantes indocumentados. Mediante una resolución, el Gobierno de la Ciudad reemplazó ese requisito por el de “un documento que acredite identidad”, para que las personas con discapacidad obtengan el certificado y puedan así acceder a derechos básicos como el trabajo, la salud y la educación.

Con el patrocinio de la Defensoría de la Ciudad, Elhadji Mbaye –un inmigrante senegalés que llegó al país en el año 2009 en condición de refugiado y a quien tras una intervención quirúrgica le amputaron una pierna– interpuso un recurso jerárquico ante la negativa de las autoridades del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca de otorgarle el certificado de discapacidad. El motivo de la denegación era la carencia del Documento Nacional de Identidad. En el escrito, Mbaye consideró “irrazonable” la exigencia del DNI, ya que su identidad estaba “acreditada con el pasaporte” de su país de origen y con el “certificado de residencia precaria vigente, que acredita mi residencia” en la ciudad y “mi situación regular en el país”. A su vez, Mbaye argumentó que la negativa iba en contra de las distintas normativas que a nivel nacional y local garantizan “el acceso a la salud, la no discriminación y el desarrollo de las personas con capacidades especiales”.

“Precisamente, este certificado es el canal o la vía que me permitiría y facilitaría mi inserción laboral en la sociedad y el ejercicio de los derechos y beneficios estipulados por la normativa”, señaló Mbaye.

Por su parte, el escrito indicó que “la restricción a derechos fundamentales, sin otro fundamento que la nacionalidad de la persona, resulta una restricción irrazonable prohibida por la Constitución Nacional”.

Tras el recurso interpuesto por el inmigrante senegalés, patrocinado por la Defensoría Nº 4, el gobierno porteño emitió una resolución en la que hizo lugar al recurso jerárquico y dejó sin efecto el criterio anterior para obtener el certificado de discapacidad. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 1º de marzo de este año.