Ni las medidas judiciales logran frenar el avance del gobierno del PRO, empeñado en colocar cemento sobre espacios verdes. Así lo demuestra el caso del parque Las Heras, donde el Ministerio de Ambiente se empecinó en construir unos llamados “juegos de agua”, pese a que una medida cautelar había dispuesto, preventivamente, que allí no debía realizarse ninguna obra. El ministro Diego Santilli desobedeció la orden judicial y, por esa razón, deberá afrontar el pago de una multa de 1000 pesos por cada día que demore en retirar el obrador y los materiales desplegados sobre el terreno y deje el parque “en las mismas condiciones en las que se hallaba” antes de iniciados los trabajos.

Ese espacio está protegido desde el 4 de abril de 2011, cuando el juez Roberto Gallardo frenó las obras para construir un estacionamiento subterráneo. Lo hizo ante una demanda de vecinos, para preservar las especies arbóreas pero también los restos arqueológicos de la ex Penitenciaría Nacional, inaugurada en 1877 y demolida en 1962, cuyas ruinas están sepultadas bajo tierra. El fallo de Gallardo, que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, prohíbe “cualquier modificación, destrucción, demolición y/o cualquier acción que implique alteración alguna en el parque Las Heras”. Y ordena que ese espacio quede “en idénticas condiciones en las que se hallaba” antes de iniciarse la obra.

Pero pese a esa prohibición, en abril de este año, el Gobierno de la Ciudad volvió a vallar un sector del parque, sobre Las Heras y Coronel Díaz, para construir un espacio denominado “juegos de agua”. Los vecinos, patrocinados por el abogado Pedro Kesselman, volvieron a recurrir a la Justicia al entender que se estaba violando la medida cautelar.

El 2 de mayo último, la jueza Patricia López Vergara hizo lugar a la denuncia e intimó al ministro Diego Santilli a que “en el plazo de dos días, cese la ejecución de las obras”. Cinco días después, en un fallo ampliatorio, le ordenó que en el mismo plazo “retire todo obrador y material desplegado en el terreno, a fin de colocar el parque en las mismas condiciones en que se hallaba previo a la ejecución” de esas obras.

Los llamados juegos de agua son plataformas de cemento desde donde brotan chorros entre los cuales se pueden refrescar niños y parroquianos en días de calor, como ocurre desde hace años en Puerto Madero o, desde este verano, en el Parque Indoamericano. Ocurre que para construirlos es necesario cavar en el terreno, protegido judicialmente, al menos unos 50 centímetros, para instalar cañerías y una sala de máquinas, como reconoció el propio gobierno porteño. Por eso, la jueza también ordenó parar la obra y remediar el daño provocado.

Un mes después de esa resolución, no sólo el obrador y las empalizadas continuaban en el lugar, sino que los trabajos seguían en ejecución, aplicando lo que el abogado Kesselman denomina “política de los hechos consumados”. Así ocurrió, sin ir más lejos, con el taller protegido del Hospital Borda.

La desobediencia dio pie a una nueva presentación vecinal, nuevamente admitida por López Vergara, que impuso a Santilli una multa de mil pesos por día de incumplimiento. El ministro fue notificado ayer y tiene un plazo de dos días para hacer los deberes, antes de que corra la primera cuota de la multa.

Una pericia arqueológica incorporada al expediente indica que la obra afectaría el patrimonio arqueológico ubicado en el subsuelo de ese espacio. Se trata de las ruinas de la Penitenciaría, la primera cárcel de Buenos Aires, que se comenzó a construir como reemplazo de las hacinadas celdas del Cabildo, en 1872. Edificada como un panóptico, el paredón de su patio fue escenario de varios fusilamientos durante dictaduras: entre otros, el del militante anarquista Severino Di Giovanni, en 1931, y el del general Juan José Valle, tras su levantamiento contra la llamada Revolución Libertadora, en 1956.