Karina Villarruel, una mujer policía de la ciudad de Córdoba, se casó en febrero, espera ser madre y pidió 180 días de licencia por maternidad. Pero ella no es quien lleva adelante el embarazo sino su pareja, Soledad Ortiz, como consecuencia de una fertilización asistida. El caso no tiene precedentes: Karina se ampara en la ley que otorga licencias para las madres y sostiene que, por lo tanto, el beneficio le corresponde.

En febrero, cuando se casó con Soledad, Karina se convirtió en una de las primeras policías del país en celebrar un matrimonio igualitario. Se habían conocido casi un año antes, en la panadería donde trabajaba Soledad. En seguida empezaron a salir y en noviembre ya estaban viviendo juntas.

El 24 de mayo, tras varios meses de tratamiento y una fertilización asistida, Soledad quedó embarazada. Su pareja espera ahora que las autoridades de la policía provincial le otorguen los 180 días de licencia por maternidad que contempla la ley 9905, aunque no sea ella quien lleva adelante el embarazo, informó ayer el diario La Voz del Interior.

Esta ley, sancionada en Córdoba en febrero de 2011, dice que “las o los agentes –según corresponda– dependientes de los tres poderes del Estado provincial (...), gozarán de: a) licencia por maternidad de 180 días corridos, o b) licencia por nacimiento de hijo de ocho días corridos”. El inciso “a” está dirigido a las madres y el segundo a sus parejas, por lo cual todo indicaría que a Karina le corresponderían ocho días. En la promulgación de la norma se establece que, en el caso de matrimonios igualitarios, para la madre biológica rige el mismo derecho que para la madre heterosexual. Pero no hay ninguna otra aclaración.

De ese vacío se vale Villarruel para hacer el reclamo. Si bien ella no es quien está embarazada, sostiene que es también una de las madres. Para su abogada, Verónica Camacho, no hay lugar a dudas: “Le corresponden los 180 días de licencia. Aunque en la ley no figure la palabra ‘madre’, son dos madres y tiene los mismos derechos en relación con licencias, asistencia, etcétera”.

La norma cordobesa es mucho más amplia que la nacional, ya que el artículo 177 de Ley de Contrato de Trabajo que rige en el resto del país otorga a las embarazadas una licencia de 90 días con goce de sueldo. En el caso de una pareja integrada por dos mujeres, sería la cónyuge embarazada quien tiene ese derecho.

Cuando comenzaron los tratamientos hormonales, Karina envió una nota a la cúpula policial. Allí notificó que había iniciado esos tratamientos, solicitó los beneficios de la licencia por maternidad y pidió una ayuda especial para costear esta etapa. Tuvieron que discutir con la obra social para autorizar cada prestación (la ley de fertilización asistida aún no se había sancionado) y pagar 17 mil pesos para la inseminación.

Consultada por la prensa, la jueza Virginia Bertoldi de Fourcade, integrante de la Cámara de Familia de Córdoba, interpretó que no corresponden los 180 días de licencia para la policía Karina Villarruel cuando su esposa, Soledad Ortiz, dé a luz. “Estimo que la reglamentación no puede ser diferente según se trate de un hombre o una mujer. Madre es quien da a luz y se anota a la cónyuge”, estimó.

“Lo primero que hay que decir es que el matrimonio igualitario supone equiparar derechos con el matrimonio heterosexual. En segundo lugar, la ley mira a la mujer embarazada porque a quien debe cuidar es al niño por nacer. En este caso, la mujer policía es cónyuge y entonces se debe aplicar la norma que se aplica a las parejas heterosexuales”, subrayó la camarista.

Karina Villarruel tiene 31 años y es agente de la policía de la provincia de Córdoba desde agosto de 2011. Soledad es porteña y tiene 28. Se conocieron en marzo de 2012 y desde el 4 de noviembre de ese año viven juntas. Cuando se casaron, el 16 de febrero de este año, ya estaban haciendo el tratamiento de fertilización asistida.

Mientras tanto, las autoridades policiales no se expidieron sobre el tema y adelantaron que se tomará una decisión una vez que Villarruel presente los trámites de la licencia. La mujer policía, en tanto, espera que le permitan hablar con el gobernador José Manuel de la Sota y que le informen qué decisión se tomará.