El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que no tolerará chantajes y renunció a las preferencias arancelarias de Estados Unidos. Washington, a su vez, dijo que espera graves dificultades en las relaciones bilaterales en caso de que Quito otorgue asilo al prófugo estadounidense Edward Snowden. “Así no tuviéramos compensaciones, habría tomado la misma decisión porque este país no aguantará presiones ni amenazas de nadie”, dijo en tono enérgico Correa en una rueda de prensa en Quevedo, ciudad ubicada 300 kilómetros al oeste de Quito. El mandatario ecuatoriano justificó así la renuncia al Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Atpdea), preferencias que Washington otorga desde 1991 en compensación por la lucha antidrogas y que expirarán el próximo 31 de julio.

Esa decisión fue anunciada en una nota, según la cual Estados Unidos solicitó a Ecuador, mediante una comunicación, entregarle a Snowden en caso de que éste ingrese en territorio ecuatoriano. Horas después, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, puso en aviso a Ecuador sobre graves consecuencias en el diálogo entre ambos países –ya de por sí conflictivo– en caso de que el país latinoamericano dé asilo finalmente al analista informático. “Lo que no sería bueno es que ellos otorguen asilo a Snowden. Eso implicará graves dificultades para nuestras relaciones bilaterales”, afirmó el vocero. Ventrell también aseguró que Ecuador no puede renunciar al tratado porque éste fue aprobado por el Congreso estadounidense.

En este sentido, Correa puso más suspenso al caso del agente de la CIA al manifestar que aún no consideró si permitirá el traslado a Ecuador del fugitivo estadounidense y reiteró que Quito no puede tramitar su solicitud de asilo mientras no se encuentre en territorio ecuatoriano. “¿Que si se le va a permitir llegar a territorio ecuatoriano? Es algo que en principio no hemos considerado, probablemente lo evaluaremos, pero en este momento se encuentra en Rusia”, afirmó el mandatario, quien además precisó que Snowden está a cargo de las autoridades rusas.

El presidente ratificó que su país no puede procesar el pedido del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), acusado de espionaje tras haber revelado programas secretos de vigilancia de las comunicaciones del gobierno de Obama, porque no se encuentra en suelo ecuatoriano. “Snowden no se encuentra en territorio ecuatoriano, así que técnicamente ni siquiera podemos dar trámite a la solicitud”, indicó Correa, quien aclaró, no obstante, que el pedido está en análisis desde el domingo, cuando fue divulgado.

Asimismo, reiteró que Ecuador no entregó un salvoconducto de refugiado a Snowden, luego de que la cadena de televisión estadounidense de habla hispana Univisión publicara en su sitio web una copia de lo que asegura es un documento entregado al analista por parte de autoridades ecuatorianas. “Ese documento que ha presentado Univisión no tiene firma. El gobierno nacional no ha otorgado ningún documento o carné de refugiado. Si llegara a ser verdadero, está totalmente desautorizado y no tendría ninguna validez”, enfatizó el mandatario.

En tanto, la ministra de la Política, Betty Tola, aseguró que las revelaciones de Snowden “versan sobre programas de espionaje secretos alrededor del mundo contrarios al ordenamiento jurídico internacional”, y las sanciones en su contra “podrían contravenir” los derechos humanos. Snowden se encuentra desde el domingo en la zona de tránsito del aeropuerto internacional de Moscú, donde, según contó Correa, se reunió el lunes con el embajador ecuatoriano en Rusia, Patricio Chávez. Washington confirmó ese día que le había revocado el pasaporte al analista.

Según Quito, entre los temas con los cuales se presionó a Ecuador se encuentra, además, el asilo otorgado en agosto a Julian Assange, fundador de Wikileaks y quien permanece en la embajada de Quito en Londres desde hace un año. De igual modo, Correa recordó que Washington negó reiteradamente el pedido de extradición de banqueros corruptos que quebraron al país en 1999. El presidente, quien hace un mes asumió para un segundo mandato de cuatro años, restó importancia a la pérdida del Atpdea, indicando que se sobreestimó su impacto, y que el gobierno puede cubrir los 23 millones de dólares anuales que representa, para lo cual enviará un proyecto de ley al Congreso.

Incluso, el gobierno ecuatoriano ofreció a la Casa Blanca una ayuda económica por igual monto con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuya a “evitar atentados a la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y demás actos que denigren a la humanidad”. Con el Atpdea vencerá el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), del cual Ecuador es beneficiario y que tiene en Estados Unidos su principal socio comercial, como destino del 40 por ciento de las exportaciones, lo que equivale a unos 9000 millones de dólares anuales.