Los dirigentes de la CHA, en la presentación del informe.

La Comunidad Homosexual Argentina presentó ayer el “Informe Anual de Crímenes de Odio”, según el cual, en 2012 se redujeron en un 57 por ciento los casos de personas asesinadas por su orientación sexual o identidad de género, respecto del año anterior. El presidente de la CHA, César Cigliutti, destacó los avances logrados y dijo que ahora el desafío es “erradicar los resabios que quedan del pasado”.

“Respecto del informe de 2011, existe una reducción del 57 por ciento. En 2012, seis personas fueron asesinadas: cuatro personas gays y dos personas travestis. En 2011 habían sido asesinadas catorce personas: siete personas gays y siete personas travestis”, detalló Cigliutti en la presentación que tuvo lugar en la sede de la CHA en Barracas. Las seis personas fallecidas el año pasado son José Iriarte, Horacio José Sebaste, Arnaldo Ríos, Julio Alberto Romero, Miquilo (nombre en su DNI Miguel Angel Mamaní) y Zaira (nombre en su DNI Lucas Almada),

En cuanto a la elaboración del informe, el presidente de la CHA explicó que aplican el mismo criterio desde hace 30 años y consultan todos los medios del país. “Son todas noticias que aparecen en la sección policiales con un discurso ampliamente mejorable. En vez de decir ‘chicas travestis’ dicen ‘hombres travestidos’ y cuando hablan de homicidios de gays hacen referencia a las costumbres de la víctima como una causalidad. No hay atenuante para eso, es un crimen”, afirmó.

Por su parte, el secretario y coordinador del área jurídica de la comunidad, Pedro Paradiso Sottile, reclamó por la democratización de la Justicia para que estos casos no sean más invisibilizados y queden impunes. “La idea es recuperar la memoria, recuperarnos de la invisibilidad que hace que haya mayor impunidad y menos justicia. Esta es una pequeña muestra de casos de la homo-lesbo-transfobia que excluye y mata. La homofobia es muy fuerte en el Poder Judicial, por eso la importancia de la democratización de la Justicia. Los hechos no son bien investigados. Es importante que se incluya a los excluidos.”

Frente a esto, Paradiso Sottile sostuvo que la solución está en la inclusión, la ampliación de derechos, la educación y el diseño de políticas públicas. “Estamos ante un desafío y una oportunidad. Podemos cambiar estas realidades, que estos nombres consigan justicia, que la ciudadanía y el país respeten nuestros derechos.”

En tanto, Carolina Atencio, coordinadora de Programas y Proyectos del Inadi, destacó la necesidad de profundizar lo conquistado en materia de igualdad. “Hay un compromiso del Estado nacional, pero es un problema federal y hay realidades en las provincias que hay que ver. La situación alcanzada con la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género tiene que servir como base para seguir trabajando. Tenemos que comprometernos para que se cumplan y no terminen en letra muerta.”

“No podemos escindir los procesos políticos de los sociales. En la sociedad hay una interiorización de estas temáticas que le permitió al Estado jugar ese rol y después el Estado tomó la decisión política. Ahora hay que comprometerse con la aplicación efectiva, que el contenido baje”, agregó Pablo Roma, director de Políticas contra la Discriminación del Inadi.

En este punto, Cigliutti recordó que en los primeros informes de la CHA los principales sospechosos eran la policía, las fuerzas de seguridad. “En los principios de la democracia, la policía iba a la Panamericana a hacer tiro al blanco contra las travestis y hasta estaba bien visto. Los camiones las atropellaban y volvían para despedazarlas. Hoy estamos ante una situación distinta.”

Otro caso paradigmático que rememoró fue el de la travesti Vanesa Ledesma, que cobró notoriedad por el trabajo de Amnistía Internacional Crímenes de odio, conspiración de silencio, de donde tomaron el concepto que hoy utilizan para sus informes. “Vanesa era un chica travesti que tuvo una discusión en una confitería y la llevaron presa al precinto 18 de Córdoba, durante la gobernación de José Manuel de la Sota. En la cárcel la golpearon, por lo que la tuvieron que mandar a un hospital público, que la volvió a derivar al precinto y cuatro días después la sacaron de ahí en un ataúd cerrado. Sus compañeras le sacaron una foto al cuerpo y no había centímetro en que no tuviera un golpe. La Justicia dictaminó que tuvo una muerte natural y el caso fue archivado por el gobernador, pero nosotros mantenemos la verdad de su asesinato”, relató.