La defensora adjunta del Pueblo porteño, Graciela Muñiz, presentó una acción de amparo contra un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa organizadora del festival Rock in Rio en el Parque de la Ciudad, por considerar que es cedido “sin ningún tipo de contraprestación”. Muñiz pidió a la Justicia “que dicte la nulidad del acuerdo” del gobierno de (Mauricio) Macri con una empresa “por el cual se entrega el Parque de la Ciudad, recursos y apoyos sin ningún tipo de contraprestación a cambio, para realizar un festival de rock”. La funcionaria objetó en su escrito que el gobierno ponga “a disposición en forma gratuita un área mínima de 160.000 metros cuadrados” del Parque, la adecue “a sus expensas” para el recital y provea “una red de servicios” para el evento. También consideró improcedente que la Ciudad tramite la coordinación de los servicios de seguridad, policía, bomberos, asistencia médica para el público y participantes y se haga cargo de “cualquier gasto” que éstos pudieran originar. Para la defensora, esto implica otorgar a la empresa “una especie de concesión encubierta sin haber pasado por la Legislatura” porteña.