El juicio contra el capitán Francesco Schettino, único acusado por el naufragio en enero del 2012 del crucero de lujo Costa Concordia, que dejó 32 muertos, inició ayer las discusiones de fondo ante un tribunal de Grosseto (Toscana, noroeste de Italia), tras una serie de trámites e interrupciones.

Un año y medio después de la tragedia, el proceso comenzó oficialmente el martes pasado en la sala del Teatro Moderno de Gro-sseto, para dar cabida a los testigos y víctimas, pero sufrió una interrupción debido a una huelga nacional de abogados. Más de 400 testigos han sido convocados y 250 han pedido constituirse como parte civil para un juicio que seguramente será largo y complejo.

Apodado por los diarios británicos como “Capitán Cobarde”, Schettino ha sido acusado de homicidio múltiple por imprudencia, abandono de navío y daños al medio ambiente. “Estamos aquí para pedir justicia para las víctimas, los sobrevivientes y para aquellos que pasarán toda la vida marcada por la angustia”, declaró Francesco Di Ciollo, uno de los dos abogados de las víctimas italianas. “Queremos que se aclare lo que ocurrió en el naufragio. Algo muy simple: el capitán no garantizó la seguridad de los pasajeros a bordo”, subrayó Fabio Targa, uno de los abogados que representa a las partes civiles. El buque gigante, que transportaba 4229 personas de 60 nacionalidades, chocó el fatídico 13 de enero del 2012 durante una noche fría contra los arrecifes de la pequeña isla del Giglio, causando la muerte de 32 personas. Los cuerpos de dos de ellas nunca fueron hallados.

“Schettino no abandonó la nave. Si hubiera permanecido diez minutos más se hubiera caído en el agua y no hubiera podido dirigir la evacuación”, asegura Donato Laino, uno de sus abogados defensores.

Para el representante del Ministerio del Medio Ambiente, la abogada Patrizia Pena, el naufragio causó daños por cerca de 12,5 millones de euros, una cifra que podría ser aún más elevada. Decenas de sobrevivientes demandaron a la compañía y buena parte de los que no perdieron familiares pactaron una indemnización de 11.000 euros propuesta por Costa.

La compañía fue condenada en abril a pagar una multa de un millón de euros al cabo de una negociación durante la cual reconoció su responsabilidad administrativa, con lo que evitó un juicio penal.