La justicia federal salteña desestimó ayer el pedido de libertad de personas hacinadas en celdas provinciales de la ciudad de Salta, en su mayoría por microtráfico de drogas, y las reubicó en una alcaidía; es decir, un lugar de tránsito, mientras se avecinan pedidos similares por detenidos en comisarías de Orán y Tartagal. “Si no los pueden tener encerrados en condiciones dignas, respetuosas de las garantías constitucionales y de los tratados internacionales, que los liberen”, sostuvo ayer Benjamín Sola, un defensor federal que viene denunciando el hacinamiento. En algunas comisarías en estas últimas ciudades, este letrado constató que la saturación duplicaba y hasta triplicaba la capacidad. “El sistema judicial federal está colapsado, pero los jueces no conceden la excarcelación por más que se trate de personas pobres, vulnerables a las redes del narcotráfico”, agregó.

Como informó Página/12 en la edición de ayer, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió dos fallos de instancias anteriores, que avalaban que presos federales fueran hacinados en la Guardia Judicial y en el Centro de Contraventores de la ciudad de Salta. Los camaristas intimaron al Ministerio de Seguridad provincial y sus pares de la Justicia federal que arbitren los “medios necesarios” para trasladar las personas encerradas en esos dos establecimientos a algunas de las cárceles federales de Salta.

La decisión puso en aprietos al sistema carcelario federal salteño: las prisiones federales están llenas, aunque no saturadas; se trata de las unidades 16 y 23, que funciona como alcaidía, y el Complejo Penitenciario Federal 3 NOA, en la ciudad de Güemes, con capacidad para 400 hombres y 390 mujeres. Cuando sale algún privado de su libertad de este lugar, afirmó Sola, se traslada a otro hacinado en dependencias provinciales. El lunes, su colega Martín Bomba Royo pidió la libertad de quienes estaban en la Guardia Judicial y en el Centro de Contraventores, algunos sin siquiera estar procesados.

Según explicó Silvia Martínez, de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, este hacinamiento en lugares de encierro provinciales fue advertido por la secretaria de Derechos Humanos local, María Silvia Pace, a los jueces federales de Salta a fines del año pasado. “A esta presentación se sumó un hábeas corpus del defensor Sola, que derivó en una audiencia oral a fines del año pasado. Recorrí los dos lugares provinciales con presos federales; la Guardia Judicial, donde estaban las mujeres me recordó al horror de Jujuy en 2005. Ahí las encerraban en containers.”

En esa audiencia oral, las defensoras Martínez y Catalina Heilbron plantearon lo mismo que vienen pidiendo sus colegas salteños desde 2000: si no hay condiciones dignas de encierro, que se los libere. “Estamos hablando de mulas, mujeres bolivianas, jefas de familia que dejaron a sus hijos para pasar droga y ganar plata para el sustento familiar, y consumidores acusados por fiscales federales del delito de tenencia de drogas para comercialización, que prevé penas de entre 4 y 15 años”, sostuvo Martínez.

El 12 de julio, Casación Penal Federal dictaminó que no puede encerrarse a imputados por delitos federales en cárceles provinciales, tras recibir un nuevo hábeas corpus de Sola denunciando que “se trata de espacios que carecen de agua caliente, de ducha, de ventilación adecuada, de camas para descansar, de suficiente luz, de mesas y sillas, de ropa de cama, de provisión de elementos de higiene, de pileta para el lavado de ropa, etc.”. Martínez informó que esos dos centros provinciales fueron prestados al sistema federal, ya que la provincia construyó un nuevo establecimiento.

Ayer, el juzgado federal de Salta encontró espacio en la alcaidía 23 de esa ciudad y alojó allí a quienes estaban hacinados en la Guardia Judicial y en el Centro de Contraventores. Esa alcaidía es un lugar de tránsito de personas en conflicto con la ley. Mientras tanto, Sola recorrió las ciudades de Orán y Tartagal y notó condiciones de hacinamiento peores en comisarías. “Gente que está ahí desde hace tres o cuatro meses. La situación es gravísima, no tienen buena ventilación, tienen poca comida y agua y ningún espacio de recreación ni camas individuales”, afirmó.

El pedido de libertad para estas personas cuenta con jurisprudencia de otros países. En 2009, por ejemplo, el Tribunal de Justicia del Estado Rio Grande do Sul, en Brasil, envió a Rafael Santos Do Jesus a cumplir la pena a su casa porque el Estado no le ofrecía condiciones dignas de encierro. “Se condena a personas con pena de prisión, pero en el momento en que (por la ley) se las debe beneficiar, se les niega la legalidad. Algo intolerable, que roza la hipocresía”, dice esa sentencia.

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