La Corte Suprema ratificó que la denuncia contra los propietarios de la plataforma Taringa!, por violación de la Ley de Propiedad Intelectual, debe avanzar hasta llegar a juicio oral. En una decisión unánime, los magistrados rechazaron el planteo por el cual uno de los tres socios imputados había intentado evitar esa instancia. Argumentaron que ese recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal”. En diálogo con este diario, Matías Botbol, uno de los socios de la plataforma, aseguró que la respuesta de la Corte estaba en el horizonte de lo “esperable” por él, su hermano Hernán y Alberto Nakayama, los tres responsables de la web cuestionada. “Queremos llegar a juicio oral lo antes posible para plantear nuestro punto de vista”, agregó Botbol. Todavía no está establecida la fecha para que la causa llegue a debate.

La resolución de la Corte, que se conoció ayer pero lleva fecha del 14 de agosto, ratificó, así, que deben continuar los pasos procesales en la causa por la cual los Botbol y Nakayama afrontan la acusación de “violación a la ley de propiedad intelectual, por permitir que a través de esa web se descarguen de manera ilegal obras sin autorización”. Por ello, en la causa, radicada en el Tribunal Oral Nº 26, se dará efectivamente por terminada la instrucción.

En septiembre del año pasado, el juez de primera instancia Eduardo Daffis Niklison decidió la elevación de la causa que imputa a los Botbol y Nakayama porque en su web, www.taringa.net, era posible la descarga de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación. De acuerdo con la acusación, eso violaba el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece penas de un mes a seis años de prisión para quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”.

Ante esa elevación, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Nakayama, presentó un recurso extraordinario. Sin embargo, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay rechazaron el planteo porque “no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal”. Ello implica que, como no se ha realizado aún el juicio oral, no hay una sentencia sobre la que puedan pronunciarse la Cámara Federal de Casación Penal, como instancia revisora, ni la Corte, como última instancia de control de las garantías constitucionales.

“Estas instancias legales son normales en cualquier juicio, pero cada vez que pasa algo con Taringa! sale a la luz, se habla del tema. Hay interés. Ahora estamos yendo al juicio, que es lo que estamos esperando”, explicó ayer a este diario Matías Botbol. Llegar a esa instancia sin más dilaciones es la estrategia que él y sus socios se impusieron el año pasado, agregó. “Queremos que el juicio sea cuanto antes porque tenemos un montón de cosas para decir, para demostrar que no cometimos ningún acto ilícito, no violamos la ley ni hicimos nada ilegal. Al principio de la acusación, en este procesamiento que se fue dando, hablamos de esto, pero esos testimonios no se escucharon. La causa avanza. Decidimos que queremos que avance para decir lo máximo posible, así que no vamos a apelar ninguna instancia.” El y sus socios, dijo Botbol, creen que el juicio a su plataforma “es un caso que va a marcar lo que pase. Quizá no deje jurisprudencia asentada, pero sí va a colaborar en que la sociedad tenga una visión sobre qué pasa en estos casos. También creemos que va a ayudar a la opinión pública para entender cómo funciona Internet y cuáles son las responsabilidades de cada uno, empresas, proveedores y usuarios”.

Fuentes de la plataforma virtual explicaron que los socios de Taringa! confían en demostrar que “la compañía no está fuera del marco de la ley actual”, pero que además es necesario contar con “una ley que contemple Internet, porque la vigente es de 1933”.

Por su parte, Botbol recordó que en abril de este año Taringa! y otras empresas vinculadas a Internet comenzaron a dialogar con vistas a proponer “una ley que proteja a los usuarios, la industria y a todos”. Con la ley vigente, “hay jueces y abogados que no entienden cómo funciona Internet, y no siempre los fallos son justos”.