La Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad que, en un plazo de veinte días, proceda a “la reapertura del Taller Protegido Nº 19”, del Hospital Borda, demolido en el violento operativo del 2 de abril último. La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad no especificó en su fallo dónde debe estar el nuevo taller ni aclara si debe ser reconstruido el que fuera derrumbado, pero establece en forma taxativa que debe adecuarse a las normas de seguridad y salubridad, que no se cumplen en el nuevo taller que construyó el gobierno porteño. Esas normas, dieron por probado los jueces, no se cumplen en las nuevas instalaciones que habilitó el gobierno porteño: cuenta con un informe negativo de bomberos sobre equipamiento contra incendios y padece de un nivel de ruidos que hace insoportable el trabajo.

El fallo tiene fecha del 13 de agosto, pero se conoció ayer. En la causa iniciada por el dirigente de ATE Marcelo Frondizi –delegado de los talleres protegidos– contra el Gobierno de la Ciudad, por el desmantelamiento del TP Nº 19 –el que luego resultó demolido– los jueces Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro y Mabel Daniele (en disidencia) ordenaron la reapertura del taller donde un grupo de pacientes realiza tareas de rehabilitación.

En esa causa, la jueza Elena Liberatori, en enero último, ya había ordenado la reapertura del taller, que el Gobierno de la Ciudad había desmantelado porque pensaba construir allí el denominado Centro Cívico. Pero en febrero, la jueza Andrea Danas revocó esa medida con el argumento de que el gobierno ya había construido otro espacio para el funcionamiento del taller. En ese fallo se basó el Ejecutivo para ordenar la demolición del taller, el 2 de abril, en medio de un operativo represivo que dejó un saldo de decenas de heridos.

Frondizi, patrocinado por el asesor tutelar Gustavo Moreno, y por otro lado los diputados María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, representados por la Defensoría General, apelaron la medida de Danas. Y cuando la Cámara se disponía a resolver se produjo la intempestiva demolición, luego de una inspección judicial y cuando estaba pendiente una resolución, por la cual se aplicó una multa a Mauricio Macri, a un ministro y al procurador de la Ciudad.

En su nueva resolución, los jueces Lima y Centanaro se basan en la Constitución nacional y en la porteña, y hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para llegar a las leyes locales de Salud Mental y de Talleres Protegidos y concluir que esas instancias son “ejes esenciales en la implementación de políticas de reinserción y rehabilitación” de los pacientes con padecimientos mentales.

Los camaristas dan por probado que desde julio de 2012 está suspendida la asistencia de pacientes en el taller anterior y no hubo traslados al nuevo (ubicado en la calle Brandsen) porque “las nuevas instalaciones no reunirían condiciones de funcionamiento”. Se referían a las deficiencias de seguridad, según surge del informe de la Superintendencia Federal de Bomberos, que da cuenta de fallas en las bombas, requiere el cambio de mangueras y señalización para emergencias. También se refiere a que “las condiciones de salubridad no estarían claramente garantizadas”, ya que “con una sola máquina encendida el nivel sonoro alcanza 87,2 decibeles, superando el límite de 85 establecido por las normas”.

Como consecuencia, los jueces le dan un plazo de veinte días al Gobierno de la Ciudad para que proceda a la reapertura del taller, bajo las condiciones apuntadas.