El Bicentenario ha dado motivo para homenajes, evocaciones y análisis sobre distintos temas. Desde ayer, la salud pública en el país y su evolución a través de dos siglos forma parte de ese universo. El libro El derecho a la salud. 200 años de políticas sanitarias en la Argentina, editado por el Ministerio de Salud de la Nación, da cuenta de ese recorrido, que no arranca con la Revolución de Mayo como podría esperarse, sino mucho más atrás, en la fundación de las ciudades y en la colonia. El material, 365 páginas organizadas en dieciséis capítulos, e ilustradas con un material fotográfico reunido durante dos años y medio de trabajo de archivo, fue presentado ayer en la Biblioteca Nacional.

Horacio González, director de esa casa, abrió el acto con una mención a un antecesor suyo, el sacerdote Saturnino Segurola, quien además fue un pionero de la salud pública en estas tierras: en 1805 vacunaba contra la viruela a miles de ciudadanos bajo la sombra de un pacará, un árbol que todavía sobrevive en el Parque Chacabuco. La presentación estuvo a cargo del historiador Pacho O’Donnell –también médico y escritor– y el ministro de Salud, Juan Manzur, con la moderación de la periodista Teté Coustarot.

El relato transcurre desde la época del Virreinato –incluso antes de que Segurola aplicara esas vacunas–, cuando en Buenos Aires los médicos se contaban con los dedos de una mano y los referentes en materia de salud eran el boticario y los curanderos. Como no había Facultad de Medicina por entonces, en el Cabildo se les tomaba exámenes a quienes llegaban diciendo que eran médicos.

En esos años del virreinato, la Casa de los Niños Expósitos fue la semilla del primer hospital. Creada en 1779 como un orfanato, especialmente para niños recién nacidos, en 1920 pasó a llamarse Casa Cuna y hoy es el Hospital Elizalde.

Uno de los primeros médicos en esta historia fue Cosme Argerich, nacido en Buenos Aires y graduado en España, quien puso en juego su saber durante las Invasiones Inglesas y luego, como integrante de los ejércitos de Manuel Belgrano y José de San Martín.

Un capítulo especial está dedicado a las epidemias que azotaron el país. Primero, la viruela, que trajeron los europeos y diezmaba a los pueblos originarios. El historiador Fermín Chávez recuerda que Juan Manuel de Rosas, para convencer a los ranqueles de que debían vacunarse, reunía a los caciques y se hacía vacunar delante de ellos. El libro rescata historias como la ocurrida durante el bloqueo anglofrancés, cuando escaseó la vacuna: el médico Francisco Muñiz restableció la inmunización a partir del plasma de su propia hija, recién vacunada. Hubo en el siglo XIX, además, tres epidemias de cólera y una de fiebre amarilla que, en 1871, devastó Buenos Aires. Mientras las autoridades huían de la ciudad, médicos y voluntarios se jugaban para ayudar a las víctimas, entre ellos, Muñiz, quien murió por la enfermedad.

En la presentación del libro, Manzur se refirió a “los héroes anónimos” y a aquellos más reconocidos. Entre estos últimos mencionó a Salvador Mazza, que en 1928, el mismo año en que Alexander Fleming descubría la penicilina, creaba en Jujuy un centro de estudios de patologías regionales. Su obsesión era el Mal de Chagas, una enfermedad de la pobreza que hacía estragos en la zona.

Ente los próceres de la salud pública tiene un lugar destacado Ramón Carrillo, el sanitarista santiagueño que fue ministro de salud de Juan Perón. Se deben a esa gestión la construcción de 141 hospitales en todo el país y la baja en la mortalidad infantil de 90 al 60 por mil.

Del trabajo se deduce, también, que en los años de dictaduras hubo retrocesos en la salud pública. Un emblema de esos flagelos fue la epidemia de poliomielitis, en 1956, cuando la llamada Revolución Libertadora había empezado a desmantelar la infraestructura sanitaria. Conocida como parálisis infantil, la enfermedad dejó una secuela de muertes y discapacidades. La vacuna, descubierta un año antes, contribuyó a frenarla.

La historia de la salud pública recuerda otros nombres decisivos, como el del pediatra Florencio Escardó y el investigador Arturo Oñativia, ministro de Salud entre 1963 y 1966, promotor de la ley que declaró a los medicamentos como un bien social y estableció su prescripción por el nombre genérico. O el jujeño Carlos Alvarado, que había promovido la erradicación del paludismo en el noroeste y en los ’60 diseñó un programa de Atención Primaria de la Salud, una década antes de que sea reivindicada por la conferencia de la OMS en Alma Ata, de 1978.

Un capítulo se detiene en 1973, gobierno de Héctor Cámpora, cuando el cardiocirujano Domingo Liotta intentó retomar el plan nacional de salud de Ramón Carrillo. El proyecto nunca llegó a implementarse, primero, por la oposición de José López Rega, que “no creía en la ciencia, solo estaba de acuerdo con los poderes astrológicos”, recuerda el propio Liotta, y luego porque la dictadura derogó la ley, en 1978.

Aldo Neri y Floreal Ferrara tienen un lugar destacado como sanitaristas, lo que ratifica el carácter pluralista del trabajo. También hay un capítulo dedicado a los tres Premios Nobel argentinos, y otro acerca de últimos diez años, a los que se refirió Manzur en su exposición. “Hoy en Argentina no hay lista de espera para que nuestros chicos con problemas cardíacos puedan operarse de cardiopatías congénitas, el país es líder absoluto en trasplantes de órganos en América latina y tenemos un calendario compuesto por 16 vacunas gratuitas y obligatorias, algo que no hay en muchas naciones del mundo”, concluyó.

Pacho O’Donnell también destacó los logros en materia de salud pública, como “la disminución de la hepatitis a partir de la vacuna, la respuesta a la gripe A y otros temas que siguen en la línea de los grandes logros de la medicina sanitaria, cuyo máximo prócer fue Ramón Carrillo”.