La militante Yhajaira Falcón suma todas las vulnerabilidades: es travesti, venezolana y negra. Con esas etiquetas comenzará hoy a ser juzgada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, supuestamente por el robo de un celular que ella sostiene que nunca cometió, y armada de una tijera que solamente vio la policía, porque jamás apareció. Por esa acusación está detenida desde hace tres meses en la cárcel de Ezeiza. Al respecto, una de sus abogadas señaló que, aun si el hecho fuera cierto, la calificación es “excesiva” y encubre “una detención arbitraria”. En este sentido, organizaciones que defienden los derechos LGBT apuntaron a la comisaría 18, que la detuvo, y la 16, ambas del barrio porteño de Constitución, por “perseguir y criminalizar a travestis, especialmente las de nacionalidad extranjera”.

“La causa está empapelada, hay una connivencia de la Justicia y la policía, por la cual a un hecho mínimo le ponen una calificación excesiva, en este caso robo con armas, un delito que no tiene excarcelación. Condenan a sectores vulnerables sin pruebas. La condena es secundaria; lo grave es que te tienen cuatro meses torturándote por caminar por Constitución y la única prueba que tienen son unos vidrios y una baldosa rota”, explicó a Página/12 Luciana Sánchez, una abogada que presentó varios hábeas corpus por Falcón e integra el Colectivo para la Diversidad (Copadi).

Sin embargo, no es la primera vez que Falcón es objetivo de la fragua policial. Ya había estado en Marcos Paz y en Ezeiza por “tentativa de robo de un mp3 con una trincheta” y por integrar una supuesta banda delictiva que integraba ella sola.

“Hay que ver lo que la causa muestra y lo que oculta. En el barrio de Constitución hay cinco mil personas criminalizadas al año por el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad. De esas cinco mil, un 80 por ciento son travestis y un 60 travestis extranjeras. Por los relatos de las compañeras, las controlan y las paran todas las semanas. Alguna vez les arman una causa. En Ezeiza y Marcos Paz hay 110 travestis, de las cuales 14 son venezolanas. Las causas son mitad por narcotráfico y la otra mitad por robos”, detalló Sánchez.

En este sentido, también se manifestó Lohana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt). “El caso de Yhajaira demuestra el racismo y la xenofobia de la policía y la Justicia y la falta de políticas del Gobierno de la Ciudad. Abusan de la elaboración de actas y no hay ninguna política, ningún derecho. Los derechos que obtuvimos son a través de las defensorías tutelares y de la Defensoría General de la Ciudad. En la mayoría de las provincias hay un cupo de empleo público para las travestis y la falta de esta herramienta en la Ciudad obedece a un posicionamiento ideológico”.

El fiscal Abel Córdoba, a cargo de la Procuradoría contra la Violencia Institucional (Procuvin), en tanto, se refirió a la criminalización o proceso de violencia institucional. “Nosotros empezamos a constatar que hay un proceso de violencia institucional que explica la privación de libertad de estas personas. Hay un proceso que empieza con los criterios policiales a partir del hostigamiento policial en calles de determinados sectores de la ciudad, donde empiezan a ser detenidas sin motivo y, a la tercera o cuarta detención, hay una causa y, a partir de allí, el proceso de prisionalización que determina que una persona muchas veces sin conducta ilícita termine sujeta a un proceso de violencia institucional y no sólo pierda la libertad, sino que contraiga enfermedades, sea torturada, sea bloqueada en su posibilidad de desarrollar su vida en sociedad”.

Más allá de estos obstáculos, Yhajaira logró varias cosas. Según cuenta en un audio colgado en Internet, en el penal tuvo que reclamar que la llamaran por su nombre, la misma batalla que dio en el expediente por el que llega a juicio. La primera defensora oficial que la asistió, Silvia Mussi Odriozola, le negaba este derecho. El hecho valió la intervención de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien, en mayo de este año, instruyó a los defensores a su cargo a respetar los postulados de la Ley de Identidad de Género. Mussi Odriozola fue desplazada del caso y ahora la asiste Cecilia Leonor Mage, titular de la Defensoría Pública Oficial N° 11.

“En particular, que las llamen y se refieran a ellas por el nombre de pila con el cual se reconocen y con la identidad de género autopercibida, más allá de su correspondencia o no con su documentación personal”, señaló Martínez. Ahora, Yhajaira será la primera travesti que en un debate oral hará uso del nombre de pila que responde a su identidad de género.

Informe: María Julieta Rumi