Pese a que obtuvo una medida judicial favorable, Sebastián Cabello no podrá tener una licencia para conducir vehículos hasta noviembre de 2017. Cabello es el hombre que, hace 14 años, cuando corría una picada, embistió a un auto que se incendió y provocó la muerte de una mujer y su pequeña hija. Ahora, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires implementaron medidas para evitar que obtenga una nueva licencia.

El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, instruyó ayer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para que solicite a las autoridades bonaerenses que no otorguen la licencia de conducir a Cabello “hasta tanto se resuelva definitivamente su situación judicial”. Randazzo recibirá hoy en la Casa de Gobierno a Sergio Rosales, esposo y padre de las víctimas, y a su abogado, Marcelo Parrilli, para “trabajar rápidamente en una presentación judicial” para revertir la autorización concedida.

Pero además, la Dirección de Política y Seguridad Vial bonaerense ya resolvió que “no habilitará ni avalará” la emisión de una nueva licencia de conducir para Cabello hasta el 25 de noviembre de 2017.

El viernes, al cumplirse 14 años de la tragedia, la Sala III de la Cámara de Casación Penal dio por concluida la prohibición para manejar durante 10 años, de acuerdo con la condena que recibió Cabello, al considerar que la pena debe cumplirse desde que recibió prisión preventiva y no desde que la condena quedó firme, como había decidido otro tribunal.

“Realmente me parece una burla de parte de la Justicia hacia mí y hacia la sociedad en general que el día que se cumplen 14 años de la muerte de mi mujer y mi hija se conozca esta sentencia”, se indignó Rosales, quien anunció que haría una nueva presentación judicial. El hombre afirmó que la intención de Cabello es tener su registro para conducir en Brasil, donde reside, y reclamó a las autoridades de ese país que “no le permitan manejar porque quedó demostrado que no lo hace con responsabilidad”.

El incidente fatal se produjo el 30 de agosto de 1999 cuando Cabello tenía 19 años y con un Honda Civic corría una “picada” por la avenida Cantilo. El vehículo, que se desplazaba a más de 137 kilómetros por hora, embistió al Renault 6 en el que viajaban Celia González Carman, de 38 años, y su hija Vanina Rosales, de 3, quienes murieron carbonizadas al incendiarse el auto.

Cabello fue condenado en noviembre de 2003 a 12 años de prisión, acusado por homicidio simple con dolo eventual, pues los jueces consideraron que debió advertir que al conducir a esa velocidad ponía en riesgo la vida de otros. Pero en 2005 la Cámara de Casación le redujo la pena a tres años, al cambiar la calificación a homicidio culposo, por entender que Cabello no tuvo intención de matar.

La Dirección de Seguridad Vial bonaerense, que depende de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, se basó en su “potestad, convalidada jurisprudencialmente, como autoridad administrativa, para intervenir de oficio y proceder a la inhabilitación administrativa o denegar la tramitación de una licencia de conducir cuando considere que su destinatario no reúne los extremos exigidos a tales fines”, informó el organismo en un comunicado.

“Es de público conocimiento la evidente ineptitud para conducir del imputado, a partir de los hechos probados y por los que fuera penalmente condenado, lo que configura una inadecuación de las condiciones requeridas, habilitando a la autoridad competente a denegar el otorgamiento de la licencia de conducir” en el caso de solicitarlo. En función de esos fundamentos, decidió inhabilitar a Cabello para obtener su licencia de conducir hasta el 25 de noviembre de 2017.

“Para adoptar la medida, tomaron en cuenta el antecedente de que Cabello se presentó el 30 de junio de 2010 para tramitar la licencia en el municipio de Malvinas Argentinas, aprovechando que en la causa estaba mal consignado su número de DNI. Por esa razón no se detectó la inhabilitación, por entonces vigente. Descubierta la maniobra, el Registro Unico de Infractores de Tránsito le denegó la licencia”, informó la Jefatura de Gabinete.

“La sanción administrativa aplicada en la provincia rige para todas las que adhirieron al Registro Unico de Infractores”, explicó una fuente del gobierno bonaerense.