Una alta jerarquía de la Federal y al menos un integrante de la Cámara de Casación Penal fueron denunciados por la secretaria de un juzgado ante la Cámara del Crimen. La denuncia tiene sus bemoles y amenaza con desatar un escándalo de proporciones. La secretaria sostuvo que el juez Eduardo Daffis Niklison recibió presiones de ellos para que liberara a dos comisarios detenidos por torturas. Y efectivamente, en junio pasado, los comisarios Eduardo Curletto y Carlos Pérez Roldán quedaron libres merced a una auspiciosa mejora dispuesta por Daffis Niklison: de torturas (8 a 25 años de prisión) pasaron a ser imputados por apremios ilegales (delito excarcelable). Esta semana el juez Mariano Bergés, que había ordenado las detenciones, pidió que se investigara a Daffis Niklison por prevaricato y abuso de autoridad. El miércoles, la secretaria del juzgado declaró ante la Cámara del Crimen y desató el escándalo del putsch pro libertades desde las altas esferas judiciales y policiales.
El escándalo se desata en un momento poco propicio (si es que alguno pudiera serlo) para las estrategias montadas desde el Gobierno. Ocurre mientras el Gobierno lanzó una fuerte arremetida para agilizar la justicia, erradicar la corrupción policial y mejorar la imagen de jueces y federales ante la sociedad.
El caso se inició en la medianoche del 20 de diciembre del ‘96, cuando una banda ingresó a la empresa transportadora de caudales Firme S.A. y embolsó 18.183.766,02 pesos. El guardia de seguridad de Firme, Carlos Trillo, fue detenido sospechado de haber abierto la puerta a los asaltantes. En la investigación intervino el entonces juez de instrucción y luego jefe de Asuntos Internos de la SIDE, Pablo Belisario Bruno. En pocos días, Bruno ordenó una treintena de allanamientos y 15 detenciones y presentó el caso como resuelto merced a “tareas de inteligencia”. Las mentadas tareas, según demostró el Tribunal Oral 9, durante el juicio (agosto del ‘99), consistieron en sesiones de torturas sobre el custodio Trillo. El tribunal dio por probado que las torturas tuvieron lugar en la Comisaría 32ª, en el ‘96 a cargo de Carlos Pérez Roldán. Intervino directamente el entonces jefe de Robos y Hurtos, Eduardo Curletto. Y también se demostró que el juez Bruno estuvo presente durante esos interrogatorios ilegales.
Por ese motivo, el tribunal ordenó la libertad de todos los detenidos, salvo dos que resultaron condenados con pruebas obtenidas legalmente. Pero el Tribunal 9 deparó otra sorpresa: ordenó investigar al trío de la inteligencia rápida, Bruno, Curletto y Pérez Roldán. Entretanto, el torturado Trillo apareció colgado de una soga en su celda, en un suicidio tan extraño que él mismo lo había anticipado a su mujer. La denuncia de torturas realizada por Trillo tras su detención y su posterior muerte fueron inicialmente investigadas por el juez Nelson Jarazo, quien ordenó indagar al trío en cuestión. Dejado vacante el juzgado, el resto de los jueces fue haciéndose cargo del 43 en turnos de dos meses.
Hace un año, tocó el turno de Daffis Niklison, quien ordenó la falta de mérito en el caso. Posteriormente fue el turno de Marco Layús, quien sobreseyó a Bruno, pero no a los dos comisarios. La resolución quedó firme porque no fue apelada por nadie. En marzo y abril, se hizo cargo Mariano Bergés. Leyó la causa y modificó la resolución entera, se mostró “sorprendido” por el apartamiento de Bruno cuando el delito corría parejo para los tres y ordenó las detenciones de Curletto y Pérez Roldán. El primero fue detenido por Gendarmería en su casa. El segundo quedó prófugo. Bruno estaba sin culpa ni cargo en Italia.
Luego, el turno correspondió al juez Calvete, durante el mismo período en el que la defensa de Curletto presentó una apelación. “A partir de ese momento Calvete empezó a recibir visitas de amigos del detenido. Policías y jueces. Pero Calvete no hizo lugar a esas presiones”, señaló una fuente judicial a Página/12. Luego llegó el turno de Daffis Niklison. Según fuentes judiciales, las visitas se repitieron con mayor insistencia. El 8de junio, Daffis Niklison, tras modificar la calificación del delito de torturas a apremios ilegales, dejó libre a Curletto, y a Pérez Roldán sin el sayo de prófugo. Lo llamativo del caso es que las mismas pruebas que había tenido a la vista un año antes (en aquel momento había dispuesto la falta de mérito) ahora las utilizaba para procesarlos pero por un delito menor al de torturas: apremios ilegales.
Bergés presentó entonces una denuncia contra Daffis Niklison ante la Cámara del Crimen y otra ante el Consejo de la Magistratura, por prevaricato y abuso de autoridad. En su presentación, Bergés calificó la actitud de su colega como de “peligrosa” y consideró que la tomó “arrastrado vaya a saber uno por qué intereses”.
A esos intereses parece haberse referido la secretaria del 43, Adriana Galafassi, en su declaración ante los jueces de la Cámara del Crimen, Alfredo Barbarosch y Carlos González. Señaló las presiones a Daffis Niklison que derivaron en las libertades. Y que esas presiones habían llegado de un alto funcionario policial y de al menos un integrante de la Sala I de Casación. Los nombres quedaron bajo cuatro llaves.
–Van a tener que buscar en forma indirecta –señaló una fuente judicial, y aportó la férrea amistad que une al ahora retirado Curletto con el jefe de la Federal, Roberto Giacomino.