Para el gobierno de Mauricio Macri, si alguien construye un muro en medio de una calle porteña pero no se logra identificar quién lo hizo, el paredón podrá continuar allí, sin importar si impide el tránsito o la circulación peatonal. La conclusión se desprende de los insólitos argumentos con que el gobierno rechazó un recurso de amparo por el cual se le pide la demolición de un muro que se levanta en forma ilegal sobre la calle Ascasubi, junto a la planta del diario Clarín, en el límite con la Villa 21-24, en Barracas. Los abogados de la Ciudad argumentan que no hay pruebas de que el muro haya sido construido por el gobierno o por las empresas y llega a sugerir que pudo ser levantado por los vecinos de la villa, a la manera de los barrios cerrados. Sea como fuere, se niega a proceder a la apertura de la calle.

El pedido de demolición de esa construcción ilegal fue formulado a la Justicia a través de un recurso de amparo presentado por los legisladores porteños Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo y por el vecino de la Villa 21-24 Luis Otazo, después de haber agotado la vía administrativa. Es decir, de haber solicitado a las autoridades la liberación de la calle. El gobierno porteño, a través de los abogados de la procuración, contestó la demanda: en primer lugar, consideró que los diputados carecen de legitimidad para presentar un amparo sobre el tema, sencillamente porque no viven en la zona y “no son afectados por la existencia del muro”. Nada dice la respuesta sobre Otazo, quien sí vive en el barrio afectado.

El motivo del conflicto es la calle Ascasubi, sobre la cual se levanta un paredón de cuatro metros de altura, a la altura de la calle Luna, que convierte a la primera en un callejón sin salida. El reclamo de apertura fue formulado por vecinos que ven afectado su derecho a circular: deben hacer un rodeo para poder salir del barrio. Además, la calle es utilizada como playa de estacionamiento por empleados de la planta impresora del diario Clarín. La empresa, en el otro extremo de esa cuadra, instaló una garita de seguridad parta controlar el ingreso.

Tras un pedido de informes votado por la Legislatura por iniciativa de Naddeo, la Dirección General de Tránsito contestó que esa repartición “no ha tenido injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”. Por su parte, la Dirección de Registro de Obras y Catastro argumentó que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”. Es decir que el muro fue construido sin autorización.

Pero ahora, al contestar la demanda, la Ciudad responde que no existe “prueba alguna de que el muro haya sido construido por el Gobierno de la Ciudad o por las empresas localizadas en la calle Ascasubi entre Luna y Agustín Magaldi”. Por eso, considera que los demandantes “deberán dirigir su acción contra los eventuales responsables de dicha construcción”. Argumenta que la calle Ascasubi termina en Luna, según los mapas catastrales (lo cual es cierto, pues los terrenos de la villa no están urbanizados), pero esos mapas indican que alguien que viene por la primera puede doblar hacia la otra, cosa que el muro hace imposible.

En la demanda presentada por los legisladores del Frente Progresista Popular y los vecinos en el Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N 12 se hace referencia a que “la construcción de este muro denota un acto de discriminación y segregación para los vecinos que habitan el lugar y que se ven impedidos de circular libremente, acceder a la escuela, a los centros de salud, encontrándose en peligro en los casos de emergencias, ya que complica en grado extremo el tránsito vehicular”.

Según Ibarra, “resulta sorprendente que el Gobierno de la Ciudad, sabiendo de la clara ilegitimidad e ilegalidad que significa el cierre de una calle en beneficio de una empresa, opte por decir que los legisladores no viven en la zona y por lo tanto no son perjudicados, en lugar de asumir la responsabilidad como gobierno y mandarlo a demoler”. “Pero cuando uno se fija que esa empresa es Clarín empieza a entender la actitud y respuesta del gobierno de Mauricio Macri”, agregó.

En tanto, Naddeo –candidata a renovar su banca– consideró que “la respuesta del Gobierno de la Ciudad muestra su perfil insensible y burocrático. Los funcionarios tendrían que escandalizarse ante el cierre de una calle hecho por particulares. En cambio, especulan y minimizan el problema. Vamos a insistir hasta la demolición del muro que discrimina y perjudica a las familias del barrio”, concluyó.