Son autos manchados de sangre, que cargan con historias de secuestros o de robos amparados, producidos o protegidos por policías. En la causa por los allanamientos del miércoles en la calle Warnes la fiscalía de Saavedra pidió la detención de un oficial de la Bonaerense, hijo de un comisario, por su participación en una banda de reducidores y vendedores de autos robados. En esa causa, los investigadores tienen probada la “protección” de la Comisaría 45ª, de Villa Devoto, para uno de los agencieros imputados y existen otros seis policías de la Federal sospechados de encubrimiento, dijo a este diario una fuente de la investigación. El compromiso de las fuerzas de seguridad con este negocio echó a perder otros ocho allanamientos realizados ayer por la Gendarmería, ordenados por la Justicia de San Martín. Esa es la hipótesis que manejan los investigadores: luego de diez días de investigación, no encontraron “casi nada”. La única pieza secuestrada ahora puede abrir nuevas líneas: era una pieza de motor robado y comprado –de acuerdo con la documentación del dueño del local– en uno de los remates de la Fiscalía de Estado de la provincia.
Lo que en San Martín parecía un día de gloria se convirtió en una intrincada derrota. La fiscalía de Fabiana Ruiz tenía previstos ocho allanamientos como resultado de una investigación larga, puntillosa y cuidada que había comenzado dentro de lo que ahora se llama gabinete ejecutivo de crisis del Ministerio de Justicia nacional. En ese lugar existe una línea 0-800 que recoge denuncias sobre desarmaderos. Hacía diez días que, una parte de las llamadas, habían sido enviadas a la fiscalía general de San Martín y de ahí al despacho de Ruiz. En la planilla existía un dato importante: uno de los ítem decía “se presume connivencia policial”.
Por esa razón, la fiscal pidió ayuda extrapolicial. El trabajo de investigación lo hizo Gendarmería. Hicieron fotografías con teleobjetivo, lograron imágenes de partes de automóviles y usaron una cámara oculta dentro de un predio. Entre los elementos no surgieron nuevos datos sobre la conexión policial, excepto aquellas denuncias de la línea del ministerio. Con estos datos, la fiscal elevó ante el juez de Garantías 32 pedidos de allanamiento, entre los que había locales de venta al público, presuntos sitios de desguace y de cortes de autos. El juzgado sólo aprobó ocho allanamientos.
Los operativos terminaron en un fiasco: “Nada, no encontramos nada”, insistía temprano una fuente calificada de la fiscalía general de San Martín. De acuerdo con la información que manejan, el problema no radicó en los operativos sino en los organismos que contaban con la información. Las denuncias enviadas por el ministerio tenían un agregado: “Estos informes –explicó la fuente– fueron remitidos también a la policía de la provincia de Buenos Aires”.
Lo que para San Martín se transformó en la causa del fiasco tuvo otra lectura dentro del ministerio. Allí, los responsables del comité de crisis le confirmaron a este diario que Gendarmería trabajó con la policía. Pero sostienen que el problema no fue ése, sino de límites: la fiscalía no buscaba autopartes o todo tipo de piezas, sino sólo motores, chasis, vidrios numerados o patentes, elementos que permiten determinar rápidamente la identidad y procedencia de un vehículo robado. Los desarmaderos, entrenados en el oficio, como los de Warnes por ejemplo, suelen deshacerse de esos productos rápidamente o no los ponen a la vista. Para el ministerio, eso explica los resultados de ayer: sólo se encontró un motor robado que de algún modo confirma las sospechas iniciales.
El motor en cuestión ahora es clave. Lo secuestraron dentro de un local llamado El Cordobés, en Illia 6267 de José C. Paz. El responsable del lugar les entregó a los investigadores una factura con los datos del sitio donde lo había comprado. De esa boleta surgen los datos de un remate de la Fiscalía de Estado, elemento que fue incorporado en la causa. Lasinvestigaciones por la supuesta protección o conexión policial, en cambio, pasarán ahora a una de las dos unidades de investigaciones complejas de San Martín.
La pata policial en Saavedra, en cambio, ya está probada. Después de un año, los fiscales encontraron la participación de un oficial de la Bonaerense en la banda de desarmadores de Warnes. El policía era una de las conexiones entre esa banda dedicada a la compra y venta de autos y la banda de secuestradores VIP, responsable del crimen de Juan Manuel Canillas. “Era parte efectiva de la banda, era uno de los que actuaba en la organización, en la jefatura”, indica una de las fuentes.
Además de ese policía, la fiscalía pidió al juzgado de Julio Corvalán de la Colina que convoque a seis hombres de la Federal. Los federales no están imputados: serán citados porque aparecen en las escuchas en situaciones extrañas: “Recibían o hacían llamados a los imputados, o ellos les pedían favores”, indicó la fuente.
La misma situación se repite con los integrantes de la Comisaría 45ª de Devoto. En su jurisdicción trabajaba Alejandro Monjo, el dueño un local que se allanó en Warnes, imputado en la causa y quien vendió a Carlos Telleldín la camioneta Trafic usada para volar la AMIA. Monjo y su gente recibían “protección de la comisaría”, explicó una fuente calificada de la investigación. “El dato surge de las escuchas telefónicas, no hay pruebas que permitan imputar a un policía en particular pero existen indicios de que esa situación se daba por lo menos a mediados del año pasado.”
Las conexiones no terminan ahí. Aunque la Justicia aún no lo investiga, esa participación policial podría redireccionar otra vieja causa: la del crimen del comisario Daniel Omar Palacios, segundo jefe de la Departamental de Morón. La causa tiene a tres menores imputados, entre ellos al hermano del jefe de la banda de secuestradores VIP, Raúl “Chirola” Monti. Esa banda está casi desarticulada pero la Justicia aún cuenta con datos que podrían arrojar nuevos pedidos de detención. Entre ellos, de policías.