Tal vez la fiesta de ayer haya sido la síntesis de todo un proceso. La marcha del silencio que cada viernes reclama justicia por los crímenes de Leyla Nazar y Patricia Villalba se extendió a lo largo de diez cuadras, una dimensión impensada hace sólo dos meses. La marcha coincidió con una fecha especial: los 450 años de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, una celebración que tradicionalmente congrega a multitudes para actos organizados por la pareja de gobierno. Eso fue lo que ayer cambió. El acto oficial pasó inadvertido. Los Juárez pasaron el día en Buenos Aires y, según pudo saber este diario, el gobierno nacional decidió no participar de la celebración aunque había sido formalmente invitado. En ese juego de fuerzas, la Iglesia ocupó su propio espacio. Todo el presbiterio, es decir 43 sacerdotes se sumaron a la marcha en la que habló, por primera vez, un durísimo monseñor Juan Carlos Maccarone: “La convivencia está condicionada y herida cuando la justicia está sospechada de arbitrariedad, de falta de libertad, que sirve a algunos intereses políticos o económicos”, dijo al finalizar la marcha.
La intervención de Maccarone fue decisiva. Su presencia acentuó el tono decididamente político de este proceso social que comenzó en febrero con un único pedido de justicia y ahora reclama, incluso, la intervención federal del poder judicial de la provincia.
En ese contexto, el jefe de la Iglesia de Santiago decidió convocar a los hombres de su presbiterio para ponerlos entre los integrantes de la marcha. Los curas esperaron la movilización, que había partido de La Banda, sobre el puente del Río Dulce, ubicado a unos cinco kilómetros de la plaza Libertad y de la Catedral donde finalizó la marcha. En ese lugar, con Maccarone a la cabeza, se reunieron con la gente e hicieron una suelta de globos negros.
Entre el tumulto de banderas, estaban aquellas sostenidas por los padres de Leyla y de Patricia, y aquellas que pedían justicia y nombraban entre los culpables a Mario Castillo Solá, el primer juez de la causa, y extrañamente a Luis Cejas, uno de los jefes de policía que tuvo a cargo la instrucción del caso, responsable de la desaparición de pruebas y, paradójicamente, tío de Leyla Nazar. Entre ese mismo cúmulo de personas, caminaba también un grupo de diputados nacionales de la Comisión de Derechos y Garantías que impulsan la intervención al Poder Judicial de la provincia.
Mientras ese andamiaje jurídico sigue en marcha en el Congreso, en Santiago la Iglesia volvía a cuestionar por “arbitrarios” a los tribunales locales de justicia. Maccarone pronunció la homilía después de la marcha, pero también después del viaje que lo retuvo en Alemania hasta hace unos días. El Obispo había salido de Santiago del Estero después de la celebración del Corpus Christi, en la que había hablado de “vergüenza” y del “temor” cuando se refería a las autoridades del gobierno. Aquel día, la Iglesia decidía poner en marcha una consulta popular para conocer el grado de consenso que tendría una intervención en la Provincia. Poco después, el enfrentamiento con el gobierno de los Juárez era prácticamente un hecho. Los curas comenzaron a caminar en las marchas de los viernes, organizaron una misa en el descampado donde aparecieron los cuerpos y ahora aparecieron a pleno y todos en esta nueva marcha.
En su homilía, Maccarone nombró a la “policía” como “auxiliar de la Justicia”, una institución a la que “se le teme por aquellos mismos defectos (que la Justicia) y particularmente por la violencia impune respecto del tratamiento de los ciudadanos”. Habló de los “docentes” “condicionados por necesidades materiales y políticas”. Habló de los “planes de ayuda” que “deben ser mendigados y son fuente de trueque de compromisos políticos y otras denigrantes prestaciones”. Y habló de la “riqueza” que se “acumula descaradamente para unos pocos”. Habló de la “falta de respeto a los derechos del hombre”, de la “falta de ejercicio de la ciudadanía” y de “nuestros campesinos que con la venta indiscriminadade tierras, son expulsados con violencia y sin respeto a sus derechos ancestrales”.
Antes de participar en la marcha, los legisladores recogieron nuevos elementos para sostener el proyecto de intervención al Poder Judicial que en este momento evalúa la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. Con ellos estuvo Diana Conti, autora de un proyecto de idénticas características que está en el Senado. Todos ellos se reunieron a la mañana con algo más de 70 nuevas caras, 70 nuevos casos y situaciones de denuncias. “Más allá de las 160 denuncias que en este momento tiene la Comisión –explicó la diputada María José Lubertino–, lo de hoy fue apabullante, en número y calidad”. Lo apabullante eran las irregularidades que iban apareciendo detrás de cada caso: crímenes sin resolver y acusaciones formales contra los llamados hombres del poder, jueces involucrados en denuncias de violaciones; un concejal y el hijo de la cantadora general de la provincia implicados en un caso de abuso sexual a una chica de 16 años.
“Las denuncias van a llegar por escrito y serán parte del material que sostiene los fundamentos de los proyectos de intervención que hay en el Senado y en Diputados”, explicó la diputada Marcela Bordenave. Desde allí, intentarán plantear el proyecto en la sesión de la próxima semana o antes de que se trate la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, prevista para el 16 de agosto.