“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.

La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.

El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.

Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.

A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.

Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.

–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?

–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.

Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).

“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”

Frontera agrícola

El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.

“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.

El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.

El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”

El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.

“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.

Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.

Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.

Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”

“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”