El veneno periodístico convirtió esta semana en furor las pruebas PISA, al tiempo que el macrismo tuvo que tirar la toalla con su propio proyecto de evaluación de la calidad educativa en la ciudad. Sin contemplar que la escuela mejora cuando la inversión estatal trepa al 6,5 por ciento del PBI o se lanza un plan de formación docente en servicio, los detractores del gremio a nivel local se frotaban las manos con la posibilidad de que la Legislatura convirtiera en ley la creación de un instituto para rankear establecimientos educativos en base al rendimiento de sus maestros y alumnos, según parámetros moldeados por la Organización Mundial del Comercio.

Aun cuando las corporaciones mediáticas escamoteen el carácter dogmático que anima el despliegue de cifras abstractas para azuzar la furia antisindical y una intensa campaña contra la escuela pública, la comunidad educativa arrinconó al PRO en el distrito porteño bajo el argumento de que la evaluación es inherente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y la calidad educativa debe tomarse en consideración como un derecho y no como un mecanismo punitivo. Es en este punto donde el análisis de los técnicos sobre las pruebas estandarizadas en educación suele ser no sólo parcelado, sino también falaz.

Precisamente, las evaluaciones de PISA son profundamente tramposas: para decirnos cómo funciona la educación en China, un país con 1000 millones de habitantes, sus técnicos acotan la medición a Shanghai, donde sólo residen 23 millones de personas, y se desentienden del resto del mapa en ese gigante asiático. Por otro lado, los docentes no reniegan de la evaluación de esas entidades porque teman al resultado que arrojen, sino que la rechazan porque su confección responde a parámetros elaborados por los mismos especialistas que, durante la década del ’90, recomendaban a los países emergentes que se endeudaran a través de los organismos internacionales de crédito.

Así, ningún maestro esquiva la discusión sobre calidad educativa pero, lógicamente, los asiste el derecho de sentarse a la mesa del debate. Lejos de ser una apelación corporativa, se trata de una demanda sensata: en cualquier esfera de actividad, los trabajadores son productores de conocimiento para su propio perfeccionamiento y el espacio áulico y sus protagonistas no son la excepción.

En definitiva, los tecnócratas que sueñan con alcanzar mediciones finlandesas, aplicando pautas de inversión irrisorias, pretenden un dispositivo autárquico de estigmatización y libanización escolar en la Ciudad. La tarea para los que defienden la escuela pública sigue siendo la pelea por la justicia educativa y el fortalecimiento de los lazos comunitarios para tomar las riendas del distrito.

* Legislador porteño. Frente para la Victoria.