La Cámara de Diputados de Uruguay dio ayer media sanción al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el gobierno del presidente José Mujica. La norma de 183 artículos fue aprobada gracias a los votos del Frente Amplio (FA), que consiguió 50 votos sobre 85 presentes, y contempla unos 100 cambios con respecto al proyecto que envió el Ejecutivo a comienzos de año, con los que se buscó perfeccionar la legislación sin modificar los objetivos sustanciales, según dijo el diputado del FA Carlos Varela, promotor de la legislación en la Cámara baja. Los cambios se refieren principalmente a cuestiones de instrumentación y horarios de emisión de imágenes violentas en noticieros. Sin embargo, uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas”.

Por ello, “es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control”, señala el texto. Además, la iniciativa establece cuotas mínimas de producción nacional en pantalla, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales y expresa que las empresas telefónicas no podrán explotar ondas de radio ni de televisión.

La norma prevé la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), con el objetivo de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas” vinculadas con los medios electrónicos, y a su vez se consagra, con rango legal, un ámbito de participación social. El proyecto dispone que estos servicios son de “interés público”, por lo que “es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.

También considera como “elemento esencial” la creación de una nueva oficina regulatoria de la actividad audiovisual, con autonomía y potestades específicas con la que se haga posible el cumplimiento de sus cometidos. Entre las modificaciones, se aprobó incorporar un cambio en los horarios de protección a las personas menores de edad, en atención a la recomendación del relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, Frank La Rue.

La disposición original establecía que en el horario de 6 a 22 los medios no podían emitir imágenes con violencia excesiva. El proyecto incorporó un párrafo que establece que “en programas informativos, cuando se trate de situaciones de notorio interés público, excepcionalmente podrán incluirse imágenes de violencia excesiva”, siempre y cuando se incluyan avisos explícitos para prevenir la exposición del público infantil a estas imágenes.

“Este proyecto no es un proyecto de ley de medios como erróneamente se le ha mencionado, en tanto no pretende regular la prensa escrita ni tampoco tiene como objetivo la regulación de los contenidos de los medios o intervenir en su línea editorial”, dijo Varela. Pero el diputado del Partido Nacional Alvaro Delgado cuestionó el contenido del proyecto. “Es parcial, peligroso, obsoleto tecnológicamente, de interpretación discrecional, que tiene aspectos inconstitucionales y que asegura un control del Poder Ejecutivo sobre los medios”, afirmó el legislador.

“Aunque mucha gente sienta que esta ley no le cambia la vida, este tema es un pilar para la democracia. La libertad de expresión no es un derecho absoluto y como tal admite regulaciones. El asunto está en determinar cuáles son los límites de esa regulación”, replicó Varela.