En un hecho inédito, los dueños de seis firmas de indumentaria fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de constituir como parte de su cadena de producción tres talleres clandestinos donde eran explotados laboralmente como mano de obra esclava 57 inmigrantes bolivianos. En total, son nueve directivos y socios de las empresas que comercializan distintas marcas, entre ellas Narrow, de jeans y ropa juvenil, una firma con trece sucursales en la Capital Federal, una de ellas en el Abasto Shopping, y muchas más en el resto del país. La citación fue firmada el martes por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, en el marco de una causa en la que ya fueron procesados en mayo los encargados de los tres talleres por los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país.

Es novedoso que la Justicia le impute a dueños de firmas de indumentaria ser parte de la cadena de trata. “La verdadera forma de cortar con este delito es terminar con el promotor, que es quien se nutre de la mano de obra esclava”, destacó una fuente judicial, cercana a la investigación. La defensa que suelen esgrimir los empresarios es que ellos tercerizan la producción y que desconocen que se fabrican las prendas en talleres clandestinos, con mano de obra esclava. Para el juez Lijo, hay suficientes pruebas en el expediente para establecer que en realidad es una decisión empresaria constituir los talleres para fabricar las prendas en esas condiciones, para abaratar costos y acrecentar sus ganancias.

La citación a indagatoria alcanza a Silvia Bollada y Silvio D’Amore, presidente y accionista de Vidatex S.A., y a Sergio Alejandro Garber y César Fernando Fucks, socios gerentes de Research Textil S.R.L., ambas firmas fabricantes de la marca Narrow. También a Aldo Mario Rodríguez, presidente de Indu Jeans S.A., que comercializa la marca M51 de jeans y camisas; a Rodrigo Garro, socio gerente de Hermanos Garro S.R.L.; a Juan Carlos Paravicini y Ernesto Ponzini, socios gerentes de Kroppo S.R.L., que venden Zurah Jeans; y a Yim Chamg Yul, titular de la marca Berry Blue. Están citados entre el 17 y 21 de febrero para presentarse ante el juez Lijo.

Hay otra investigación similar que involucra al presidente de Falabella en Argentina, Juan Luis Mingo Salazar. El fiscal federal Federico Delgado pidió a fines de mayo su indagatoria con una imputación similar a la que enfrentan los nueve directivos y socios citados por Lijo, pero el juez federal Claudio Bonadío –que entiende en esa causa– tiene parado el expediente y todavía no respondió al planteo del fiscal Delgado.

En cambio, Lijo avanzó en la investigación: en el llamado a indagatoria sostuvo que los empresarios textiles imputados se beneficiaron económicamente a partir de la constitución de los talleres clandestinos en razón del “bajo monto” que tuvieron que invertir en mano de obra, producto de la explotación a la cual fueron sometidas justamente aquellas personas que fabricaban las prendas de vestir que ellos comercializaban.

Los talleres estaban ubicados en Santander 873/5, Del Barco Centenera 1878/80 y Doblas 1435/7, de la ciudad de Buenos Aires. En esos sitios, “quienes confeccionaban las prendas eran sometidos a extensas jornadas de trabajo –en algunos casos de 13 horas–, se desempeñaban en precarias condiciones de salubridad, seguridad e higiene, no se encontraban inscriptos en forma regular, y por ello recibían una remuneración considerablemente inferior a la acordada por la normativa vigente en el rubro en que se desempeñaban”, señaló el magistrado. Como consecuencia de la particular situación de vulnerabilidad de cada uno de los trabajadores que acogían, “se los explotaba a través del sometimiento a condiciones de servidumbre laboral”, indicó el juez. “Con el objeto de reducirlos, algunos de los trabajadores fueron captados pagándoles el viaje desde su país de origen hasta esta ciudad, dinero que luego le fue descontado del sueldo acordado por su trabajo y prometiéndoseles regularizar su situación al momento de obtener su documento de identidad argentino. En tal sentido, se valían de la condición de extranjeros con visa de turista por noventa días, y sin permiso de trabajo, que ostentaban estas personas para obtener su mano de obra a costos inferiores a aquellos previstos por las regulaciones nacionales, principalmente por la vulnerabilidad en la que los colocaba su situación de inmigrantes y bajo la promesa de su pronta regulación”, advirtió Lijo.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos –el 30 de abril último–, que motivó el allanamiento de los tres talleres textiles. En los procedimientos participaron la División Trata de Personas de la Policía Federal y la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Cinturón Sur de Gendarmería Nacional Argentina. En total, fueron rescatadas 57 víctimas de trata, de nacionalidad boliviana, que vivían en esos lugares en condiciones de hacinamiento, inseguridad, falta de higiene total, e incluso vigilados mediante cámaras de seguridad. Allí, además, se descubrieron paredes y muros falsos hechos para ocultar parte de los talleres clandestinos y cuartos donde dormían las víctimas, que en algunos casos no superaban los ochenta centímetros de altura.

A partir de la documentación secuestrada en los allanamientos, se supo que los encargados de los talleres –cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara– formaban parte de la Cooperativa de Trabajo Taverguis, creada el 27 de abril de 2006. Esa cooperativa tenía como objeto la confección de prendas de vestir y funcionaba de hecho en aquellos tres inmuebles, fabricando ropa para las marcas Narrow, M 51, Zurah Jeans y Berry Blue. A su vez, en función de la prueba que vinculaba a los talleres con las marcas, se ordenó el allanamiento de sus oficinas administrativas.