Después de la fallida inscripción online en las escuelas porteñas llegan las controvertidas “aulas móviles”, también conocidas como containers. El Gobierno de la Ciudad llamó a licitación para la compra e instalación de “equipamientos modulares” con el fin de “incrementar las aulas existentes a efectos de cubrir las vacantes generadas para el inicio del ciclo lectivo 2014”. Ayer mismo, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se inició una actuación de oficio para solicitar informes al Ministerio de Educación sobre la cantidad de aulas que se piensan instalar, en qué escuelas, para qué niveles educativos, entre otras consultas. Desde ese organismo advirtieron que ya existe una resolución de esa institución en rechazo a la instalación de las llamadas “aulas containers”, cuando en 2005 la ciudad implementó esa modalidad. “Vienen a tapar la improvisación de la inscripción online con otra improvisación”, expresó el titular del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris.

Las fallas en la inscripción vía Internet para los niveles inicial, primario y secundario generaron un descomunal trastorno a miles de familias que no pudieron confirmar las vacantes para sus hijos. Según datos del propio ministerio, a fines de diciembre eran 17 mil.

El llamado a licitación fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Ciudad. Se trata de la Resolución Nº 29/Ssgefyar/14, firmada por el subsecretario de Gestión Económico-Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteño, Carlos Regazzoni. Está prevista para este jueves 14, a las 10, y destinan a esa compra 26.650.000 pesos, aunque no se precisa cuántas aulas modulares se comprarán con esa suma, dado que no consta la cotización de cada una.

El llamado a licitación pública es para la “adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos modulares” con el objeto de “incrementar las aulas existentes a efectos de cubrir las vacantes generadas para el inicio del ciclo lectivo 2014”.

El 3 de enero último, supervisoras de escuelas públicas porteñas de nivel inicial le presentaron al ministro de Educación, Esteban Bullrich, una nota en la que expresaban su rechazo por la posible instalación de aulas-contenedores para resolver el problema de la falta de vacantes. “Varias escuelas recibieron la visita de arquitectos del ministerio que tenían la instrucción de hacer un relevamiento del terreno para instalar aulas móviles”, expresó ese día una de las funcionarias a Página/12.

La nota, firmada por supervisoras de quince de los veintiún distritos escolares, advierte que “recurrir a las llamadas ‘aulas móviles’ (o containers) es una medida totalmente arbitraria e inconsulta, atenta contra la calidad educativa y contra la dignidad de nuestros alumnos, sus familias y maestros, convirtiéndolos en ciudadanos con menos derechos, ya que un contenedor no es lugar para desarrollar actividades escolares, y menos con niños pequeños”.

Desde la Defensoría, Lesbegueris compartió la preocupación de las funcionarias. “Agregar aulas sin que la escuela cuente con la infraestructura necesaria, como baños, agua y comedor, entre otros, vulnera los derechos de los niños que van a esas aulas y los del resto”, dijo. “La medida correcta es la construcción de escuelas.”

El Area de Derecho a la Educación, que dirige, inició una actuación de oficio para pedir informes al Ministerio de Educación porteño sobre “la cantidad de aulas que se piensa instalar, en qué escuelas, para qué niveles educativos, las características constructivas y de equipamiento de éstas, si se ha planificado ampliar y/o reforzar las instalaciones de los establecimientos en los que se propone instalar las aulas modulares y si se tomaron en cuenta las opiniones en contrario formuladas por las supervisoras de nivel inicial”.

Lesbegueris recordó que en 2005, ante la instalación de “aulas containers” en escuelas de la villa 21-24, la Defensoría del Pueblo dictó la Resolución Nº 2674/05 en la que recomendaba al gobierno porteño que “disponga el inmediato reemplazo de las aulas modulares”, las que fueron retiradas por las autoridades educativas.