La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), uno de los gremios docentes porteños, y la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expresaron ayer su rechazo a la iniciativa del gobierno porteño de instalar aulas modulares o “containers”, para resolver la crisis por la falta de vacantes en la Ciudad. De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Gobierno de la Ciudad, el llamado a licitación lanzado por el Ministerio de Educación contempla la compra, instalación y puesta en funcionamiento de 41 módulos, la mayoría de ellos en la zona sur de la Ciudad. Como adelantó ayer Página/12, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad inició una actuación y elabora un pedido de informes al ministerio. Un fallo judicial de 2006 ordena que no se dicten clases en contenedores.

El titular de la UTE, Eduardo López, ratificó ayer el rechazo de la organización a la instalación de “aulas-contenedores” para cubrir vacantes por parte del Gobierno de la Ciudad. “El Ministerio de Educación puede alquilar lugares dignos en lugar de comprar contenedores para que funcionen como aulas”, afirmó López.

Por su parte, Roberto Amette, integrante de la ACIJ, consideró que “el aula modular no es una solución porque genera una educación discriminatoria: hay un compromiso de la ciudad de Buenos Aires para construir escuelas, que hasta ahora no cumplió y es lo que debe hacer”.

Amette destacó además que, según denuncias de la organización Padres x la Escuela Pública, “hay cursos que no se pusieron a disposición de la inscripción y otros cursos que fueron cerrados el año pasado por el ministro de Educación, Esteban Bullrich”.

El integrante de ACIJ recordó además que hay una sentencia judicial del 10 de julio de 2006 por la que se le ordena al Gobierno de la Ciudad “cesar el obrar ilegítimo de dictar clases en las llamadas aulas modulares”. La resolución que firmó el juez Fernando Juan Lima (hoy camarista del fuero Contencioso Administrativo) consideró “impropio que se dicten clases en tales denigrantes condiciones”, ya que implicaba “un concreto peligro para la vida y la salud de alumnos y personal docente y no docente en virtud de los materiales de que están hechos los containers y de la circunstancia de que tienen una sola (y pequeña) vía de entrada y salida”. La demanda judicial había sido presentada por José Iglesias, padre de una víctima de Cromañón, y la ACIJ.

Es de suponer que las aulas modulares que piensa adquirir el gobierno de Mauricio Macri no han de ser como las que funcionaban en 2006, durante la gestión de Jorge Telerman, en el Distrito Escolar Nº 5 (Barracas). Concretamente, en la Villa 21-24. Así puede desprenderse del costo de la operación, previsto en 26.650.000 pesos, lo que hace que las 41 aulas previstas cuesten en promedio 650.000 pesos cada una. De acuerdo con la licitación, todas las aulas deberían estar dotadas de aire acondicionado.

El Ministerio de Educación porteño no respondió ayer a las consultas de este diario sobre la localización de las aulas modulares, los niveles educativos a los que estarán destinadas y si su carácter es transitorio y definitivo. Si se estima que cada aula tiene capacidad para 30 alumnos, la licitación resolvería el problema de vacantes a 1200 alumnos.

Ayer, el jefe de Gabinete del ministro Bullrich, Diego Fernández, actualizó los datos de las consecuencias de la fallida inscripción online: quedan 15.000 niños y adolescentes a los que todavía no se les adjudicó la vacante, una situación que hasta ahora nunca había ocurrido. Aclaró que muchos de ellos van a tener su vacante, pero no en las escuelas que habían elegido al inscribirse. No dijo cuántos niños no tendrán su vacante en escuelas públicas: eso se sabrá recién el 7 de febrero.

Ayer, padres de alumnos a quienes aún no se les garantizó una vacante anunciaron que se movilizarán el martes a las 11.30 al Ministerio de Educación de la Ciudad “para intentar ser recibidos por el titular de esa cartera”. La marcha se efectuará en forma conjunta con organizaciones sociales y estudiantiles, incluidas en una Multisectorial, que difundió un petitorio para reclamarle al gobierno de Mauricio Macri que habilite vacantes para los que aún no habían recibido confirmación.

La Multisectorial “seguirá recolectando firmas en las escuelas que se abrieron para recibir los reclamos y durante el fin de semana se invitará a los vecinos a firmar el petitorio en los distintos parques de la Ciudad”. Eduardo López, de UTE, afirmó que “ya son miles de firmas las recolectadas que llevaremos el martes al ministerio, muchas son de padres y madres que eligen la educación privada y que a su vez defienden el derecho a la elección de las familias que eligen la escuela pública”.