Los reclamos recibidos en la Defensoría del Pueblo por la inscripción por Internet ponen de manifiesto que se están reasignando vacantes en forma inconsulta, situando en “lista de espera” a estudiantes a quienes a través del propio sistema informático se les había reportado confirmación de vacante en la escuela que habían elegido e, incluso, hasta les habían dado la “bienvenida a la Escuela Pública”. También ponen de relieve el empecinamiento del Ministerio de Educación de la Ciudad en llevar adelante esta política, desoyendo las advertencias que desde distintos ámbitos habíamos formulado previo a la implementación del sistema, referidas a la “extemporaneidad” del cambio que estaba por llevarse a cabo atento que algunas escuelas ya habían iniciado el proceso de inscripción de alumnos o de evaluación de los aspirantes a ingresar.

El programa informático evidencia serias falencias para lo que fue diseñado, esto es, para inscribir alumnos/as vía Internet, que pretenden ser subsanadas realizando vaya a saber uno bajo qué criterios una “orientación vocacional” de facto, porque de otra manera no se entiende cómo es que ofrecen vacantes sin tener en cuenta sus intereses, necesidades y preferencias, puestas de manifiesto al momento de elegir una escuela media con determinada especialización, modalidad u orientación.

Es que no alcanza, como vienen sosteniendo livianamente los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, con afirmar que “hay vacantes disponibles, lo que sucede es que hay padres que las solicitan en escuelas muy demandadas”, pretendiendo trasladar a las familias las responsabilidades atribuibles a la Administración. Asignan, redistribuyen, quitan vacantes que fueron confirmadas por el propio sistema y confeccionan “listas de espera” sin explicitar criterios ni habilitar el acceso a la base de datos de personas, dependencias y/u organismos ajenos a quienes operan el programa informático.

Debe recordarse que docentes, autoridades escolares y supervisores/as fueron excluidos del proceso de matriculación en base al estigmatizante supuesto –instalado desde las más altas esferas de gobierno– de que las escuelas otorgaban “discrecionalmente” las vacantes.

Resulta paradójico que un sistema que se presentó como “moderno y ágil” por las bondades de la aplicación de las nuevas tecnologías termine apelando al método de resolución artesanal a partir de la comunicación telefónica “mano a mano” de los padres con “Esteban”, método poco sustentable en el tiempo, opaco y con reminiscencias más bien punteriles y clientelares que no se condicen con el mensaje innovador que desde la gestión PRO se pretende transmitir.

Si bien las energías de los que nos sentimos convocados a revertir esta grave afectación del derecho a la educación de miles de estudiantes están puestas en que se les garantice vacantes en condiciones dignas, no debemos dejar de reflexionar acerca de las implicancias de esta política sustentada en la desconfianza y sobre la que se pretende transformar derechos en dádivas.

El enorme retroceso en términos de política educativa de estar desde hace meses enfrascados en el debate acerca de un aspecto tan elemental y tan saldado desde hace años –al menos en los niveles primario y secundario–, como es el acceso a vacantes, el peregrinar de padres y madres, el haber instalado un estado de sospecha generalizada sobre las autoridades escolares, las situaciones de conflicto entre familias y escuelas a raíz de la poca transparencia en el otorgamiento de las vacantes por el nuevo sistema, el haber impulsado en 2013 un debate no exento de tensiones y conflictos en las escuelas a raíz de las adaptaciones curriculares y las nuevas orientaciones en el marco de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad (NESC) para después no respetar los intereses y las preferencias de los adolescentes que solicitan vacante para una orientación son algunas de las profundas marcas que quedarán impresas por largo tiempo en la educación de la Ciudad y sobre las que desde las comunidades educativas deberemos lidiar para revertir la desconfianza en lo público que se pretende instaurar.

* Titular del Area Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo (CABA).