Desde el 6 de febrero, en Bahía Blanca hay cierto malestar, con eje en el barrio de Villa Floresta, donde se encuentra el penal 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya visitado el 16 de diciembre pasado por jueces, fiscales, un defensor oficial y una quincena de abogados. El “ya” está directamente vinculado con la sorpresa provocada, porque la costumbre penitenciaria indica que si las visitas judiciales a los presos son raras, que se repita una en menos de dos meses a la misma unidad supera por mucho la estimación de improbable, para considerarse imposible. Si sucede, como ocurrió el 6 de febrero pasado, sorprende y desparrama como cuando se enciende la luz de improviso. El hormigueo en Tribunales tiene más que ver con que la segunda visita la realizaron, además de un juez de ejecución, que es la autoridad natural de control, dos fiscales federales, de la Unidad 4 de Derechos Humanos, que lleva los casos de lesa humanidad, lo que podría empezar a mover una lupa en desuso: la de considerar el maltrato a los presos tildados de comunes como una práctica metódica, sistemática y sobre una población determinada, práctica que se mantiene intacta desde el período dictatorial. La denuncia presentada por los fiscales federales tras su visita, además de incomodar porque señala ausencias, también provocó estupor, porque los denunciados esta vez no fueron los malos de siempre sino médicos, que suelen pasar inadvertidos a la prensa, a los penitenciarios, a los jueces, a los fiscales, a los defensores y, lo peor de todo, a los presos. En eso consistió la denuncia.

La primera visita tuvo lugar el 16 de diciembre, en la que el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, detectó muy serias irregularidades en el trato a los detenidos en la U4. El propio Córdoba lo relató en una impactante nota publicada en Página/12 el 24 de diciembre. Una de las indicaciones judiciales como resultado de aquella visita fue mantener vigilancia sobre el cumplimiento de normas elementales en el trato a los detenidos.

Esa orden no implicó modificaciones en los hábitos penitenciarios. La sorpresa en las visitas carcelarias puede medirse en el grado de olor a lavandina que se encuentra al paso. Cabe aclarar que la relación es indirecta: a más lavandina desparramada, corresponde más expectativas por una visita, o sea, menos sorpresa. En la primera visita, Abel Córdoba –más que olor a lavandina– describió el desamparo de un preso encerrado en una celda apestosa, sucia y plena de bichos, con el símbolo inútil de su boca cosida como señal de protesta que nadie escucharía. Pero, en la segunda, la sorpresa fue mayúscula por aquello del cálculo de probabilidades.

El 6 de febrero, acompañando al juez de Ejecución, Claudio Brun, Nebbia y Palazzini recorrieron la unidad. Nebbia se interesó por el sector de sanidad. Preguntó por el odontólogo de turno a una empleada que llenaba un libro y ésta le respondió que “se acababa de retirar”. En el libro donde se registra la “Nómina de Personal de Unidad Sanitaria”, y donde figuran los horarios de entrada y salida de cada médico, como horario de salida de la odontóloga Silvina Principi aparecía las 15. De la médica Adriana Fraser, las 14. “Esto no debiera llamar la atención, salvo por el pequeño detalle de que eran las 13”, señala la denuncia penal presentada por los fiscales federales, que no esquiva un detalle de ironía en el texto.

Ante la curiosidad del fiscal, la respuesta penitenciaria es que podían estar en el frente de la unidad o en la subunidad, que se encuentra detrás. Nebbia pidió entonces ser acompañado a buscarlas. Claro, no estaban. “Digámoslo sin reparos: las constancias del libro son falsas”, sostiene la denuncia. Un dato para tener en cuenta: la médica Fraser es la misma que firmó el informe que sostuvo que un preso que “tenía literalmente las tripas al aire” –confiaron desde la Procuvin– estaba en buenas condiciones de salud, lo que habilitó a su detención en un buzón, sin atención médica externa y, a duras penas, visita médica interna. Claro, dentro de los horarios de atención.

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