“Entre poner cuatro policías con largavistas en la punta del Obelisco y las cuatro cámaras ya instaladas, la única diferencia que hay es el sueldo”, explicó el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, de Corriente Unidad Sur, a este diario. Pérez Esquivel presentó el martes un pedido de amparo ante la Justicia porteña para que sean retiradas las cámaras que asoman en la punta del Obelisco, ya que fueron instaladas sin autorización ni anuncio, y sin respetar que se trata de un monumento histórico. El recurso recayó en el Juzgado 3 en lo Contencioso Administrativo porteño, encabezado por el juez Pablo Mántaras. Hasta el momento, un recurso previo presentado también por Pérez Esquivel en septiembre pasado todavía no fue cumplido por el gobierno macrista, luego de que la Justicia ordenara publicar en un mapa en la web los lugares donde se encuentran las cámaras supuestamente preventivas.

Pérez Esquivel sostuvo que, más que carácter preventivo, las cámaras cumplen una finalidad de intromisión y control de la vida de los ciudadanos. “La ley 2602, que regula la instalación y funcionamiento de las cámaras de vigilancia –sostuvo el sociólogo—, está diseñada con perfil preventivo y establece tres pasos que se deben cumplir y funcionan como garantía: la señalización de los lugares donde se encuentran instaladas; la publicación en mapas en sitios web del gobierno porteño y la posibilidad de que cualquiera que se vea reflejado en las imágenes pueda pedir, mediante intervención judicial, que su imagen sea borrada.”

Pero Pérez Esquivel sostiene que “el gobierno porteño no quiere informar dónde están ubicadas esas cámaras en la web. Cuando se pidió la información, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, respondió que no se podía entregar porque era información confidencial”.

La noticia de que las cámaras habían sido instaladas en la cima del Obelisco se tuvo recién cuando la Metropolitana difundió un video de un caso de hurto de un celular a una mujer, con la intención de demostrar la utilidad de las cámaras en la prevención. Sin embargo, inexplicablemente, esa utilidad no fue planteada ante las comisiones de la Legislatura que debían aprobar la contratación. En los proyectos de declaración de repudio presentados por los legisladores porteños Edgardo Form (NE-FpV), Alejandro Bodart (MST) y Virginia González Gass (PSA), queda en evidencia algún motivo: cada cámara instalada en la ciudad cuesta cuatro mil pesos por mes.

“El encargado de la instalación del sistema –sostuvo Pérez Esquivel– y de quien depende el funcionamiento de las cámaras es Eduardo Jorge Martino, que cumplía funciones durante la dictadura en la Policía Federal, fue pasado a disponibilidad y fue incorporado como superintendente de Comunicaciones a la Metropolitana por su primer jefe, Jorge ‘Fino’ Palacios, procesado penalmente junto al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por presuntas escuchas ilegales a opositores”.

El gobierno porteño defendió la instalación de las cámaras en el Obelisco. El vocero de la Metropolitana, Eduardo Allen, dijo que “también hay vigilancia en la Casa Rosada y la Torre Eiffel”. “En la Casa Rosada las cámaras –respondió el sociólogo– están permitidas igual que en la Jefatura de Gobierno porteño, porque brindan garantías de seguridad y operatividad de quienes trabajan en su interior”. En la Torre Eiffel la legislación lo permite. En el pedido de amparo, el sociólogo plantea que no se trata sólo de una cuestión simbólica. La colocación de cámaras en un monumento porteño contradice la legislación, es decir, lo que se pretende como prevención ya desde el inicio constituye una infracción a la ley.