El juez que interviene en la causa por la toma de Villa Lugano resolverá hoy, a partir de las 9, si ordena el desalojo de las familias que ocupan desde el lunes un terreno en Villa Lugano, después de fracasar anoche una nueva instancia de negociación. Sólo algunas familias aceptaron dejar el predio, tras el precario acuerdo del miércoles a la noche. La mayoría decidió quedarse porque desconfía de las promesas del gobierno porteño, que ahora se comprometió a urbanizar la Villa 20, lindera al terreno tomado, después de años de abandono y de incumplimiento de una ley que lo obliga a hacerlo. Por ese incumplimiento, el Estado porteño tiene embargado por la Justicia un porcentaje de los aportes de Lotería Nacional por un monto que hasta ayer superaba los 29 millones de pesos y sigue sumando mes a mes, reveló el defensor adjunto en lo Penal, Luis Duacastella. “Recién ayer (por el miércoles), después de la toma, el gobierno se comprometió en un acta, ante el juez, a presentar en cinco días un plan de remediación del suelo contaminado y otro para urbanizar el barrio”, dijo el funcionario judicial a Página/12. Ese compromiso llegó ayer al despacho de la jueza Elena Liberatori, a cargo de la causa de la urbanización, confirmó una fuente judicial.

Después de hacerse presente, al mediodía, en la toma de la avenida Fernández de la Cruz, a metros de Escalada, el juez en lo penal Gabriel Vega convocó para anoche a las 20 a una nueva audiencia en la sede de su juzgado. En su visita al escenario del conflicto el juez había comprobado la intransigencia de los vecinos que lideran la toma, que no aceptan irse con un compromiso que mañana puede quedar en el olvido. Muchos de ellos tienen la experiencia del Indoamericano, que tomaron hace tres años y desalojaron luego con una promesa de viviendas que nunca se cumplió.

Anoche, el procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand, y el fiscal Gabriel Unrein pidieron al juez la restitución del predio a la Ciudad, lo que implica el desalojo. Duacastella rechazó la medida y pidió que ese asunto sea resuelto por la jueza Liberatori, del fuero en lo contencioso administrativo. “No se puede restituir algo que tenían en situación de abandono”, argumento el defensor.

El principal argumento del gobierno porteño para impulsar el desalojo del predio es que el suelo está contaminado y la permanencia en el lugar es peligrosa para la salud, especialmente para los niños y las mujeres embarazadas. “Pero ese suelo está contaminado porque el propio gobierno no hizo el trabajo de remediación al que estaba obligado por ley”, dijo Duacastella a este diario.

En efecto, ese terreno fue durante años un cementerio de autos secuestrados por la Justicia. Esos vehículos ya no están. Pero inocularon en la tierra plomo y otras sustancias tóxicas que luego fueron detectadas en la sangre de los chicos criados en la villa. Esto se supo hace más de una década, pero en 2006 se inició una causa judicial por la que se ordenó remediar el suelo contaminado. Mauricio Macri asumió un año después. Desde entonces casi nada se ha hecho en ese lugar. “Recién en septiembre del año pasado presentaron un estudio ambiental”, comentó el defensor oficial, que representa a los ocupantes.

La información fue confirmada en el juzgado de Liberatori, donde se acumula una causa que ya tiene 3550 fojas. La última es el acta firmada el martes por la secretaria de Hábitat, Marina Kliemensiewicz, quien se comprometió ante el juez a presentar en cinco días un plan de remediación del suelo y de urbanización de la villa, confirmaron fuentes de ese tribunal. El estudio ambiental fue realizado por la empresa Greencross.

Esa causa se inició por impulso del asesor tutelar Gustavo Moreno, porque la Ciudad no cumplía con la ley 1770, sancionada en 2005, que disponía la urbanización de esa villa ubicada en Escalada y las vías. A casi nueve años, esa ley sigue sin cumplirse.

Voceros de la Secretaría de Hábitat aseguraron a este diario que “apenas se retire el último ocupante del terreno comenzarán a trabajar las máquinas en la remoción del suelo”. Explican que “el trabajo de saneamiento demandará al menos un año”. Y sostienen que allí luego “se construirán 450 viviendas donde se relocalizarán las familias de la villa que viven en lugares donde se abrirán calles”. Aseguran que tienen un plan de urbanización, que se filtró y algunos quisieron adelantarse ocupando las tierras. No se sabe por qué ese plan, si existía, no estaba en manos del juzgado, que lo viene reclamando desde hace ocho años. Además, la ley obliga al gobierno a dar prioridad de vivienda a los vecinos que viven al lado del terreno contaminado.