La Policía Metropolitana de-salojó ayer, en un violento operativo, un terreno tomado en el barrio de Villa Lugano, a unas treinta cuadras del predio que está ocupado desde hace una semana. El operativo dejó un saldo de seis detenidos: cinco mujeres (una de ellas embarazada) y un hombre. Un policía resultó herido de un piedrazo y varios vecinos recibieron impactos de balas de goma.

La toma comenzó a la madrugada en el predio ubicado en Zuviría y José León Suárez, cercano al compleJo de viviendas denominado Pirelli, a dos cuadras de la avenida General Paz. Según informaron voceros de la Policía Metropolitana, el policía herido es un comisionado de esa fuerza, que recibió un “piedrazo en la cabeza” en medio del desalojo, por lo que debió ser asistido y posteriormente trasladado al Hospital Churruca.

Los detenidos son “cinco mujeres y un hombre, todos mayores de edad”. La defensora oficial Florencia Zapata pidió la inmediata libertad de una de las detenidas, que está embarazada, y hará lo mismo con los demás, una vez que les tomen declaración. Todos se encuentran imputados por “usurpación en grado de tentativa”, que tiene una pena máxima de dos años y por lo tanto es excarcelable. Anoche se encontraban en la comisaría de la Policía Metropolitana, en Barracas.

El terreno en cuestión fue ocupado pacíficamente en la madrugada de ayer por unas 20 familias del mismo barrio con necesidades habitacionales que reclaman el incumplimiento de planes de viviendas. A las 8.45 comenzó allí el operativo de desalojo por parte de efectivos de la Policía Metropolitana, que sacaron por la fuerza a los ocupantes, la mayoría de ellos mujeres con niños y embarazadas. Las mujeres fueron sacadas a los empujones por los agentes, y los vecinos respondieron con golpes y arrojando piedras y otros objetos. A los detenidos les ataron las manos con un precinto de plástico.

Los desalojados afirmaron que se instalaron allí con la intención de reclamar viviendas y no de ocuparlo. Explicaron que el complejo habitacional que se levantó en el lugar, conocido como Pirelli, debía constar de ocho torres y que sólo fueron levantadas cinco, por lo que reclamaron las viviendas que les fueron prometidas.

“Nosotros iniciamos la protesta y decidimos que no participaran los hombres, porque nuestra intención era dialogar con el fiscal. No fuimos a tomar ningún terreno, fuimos a reclamar las viviendas que nos habían prometido”, dijo Nadia Pintos, una de las vecinas, a la agencia Télam. La mujer, que mostró la marca en su cuerpo de un impacto de una bala de goma, explicó que “se decidió la protesta cuando nos enteramos que Daniel Fernández (a quien señalan como presidente del barrio) comenzó a vender los lugares para ser beneficiario de una vivienda”.

Nadia contó que sus hermanas fueron detenidas. Cecilia, otra vecina que es mamá de un bebé, relató que “durante la protesta fui sacada violentamente de los pelos y empujada por dos policías hombres”.

Luego del desalojo, algunos de los ocupantes comenzaron a arrojar piedras a los efectivos de la Policía Metropolitana que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma, algunas de las cuales alcanzaron a vecinos que resultaron lesionados. Luego, los efectivos realizaron un cordón policial y acompañados por un camión hidrante lograron dispersar a los ocupantes y vecinos que arrojaban piedras. Hacia las 9, el predio quedó completamente desalojado, pero muchos vecinos seguían apedreando a los efectivos.

La secretaria de Hábitat e Inclusión porteña, Marina Klemensiewicz, confirmó que la fiscalía intervino de “forma inmediata” tras recibir durante la madrugada el aviso de la ocupación de esos terrenos, donde la Ciudad prevé construir viviendas sociales y un centro de primeros auxilios. Mientras tanto, efectivos de la Policía Metropolitana quedaron en el lugar custodiando el predio.

El fiscal penal contravencional y de faltas, Gustavo Galante, dijo que durante esta toma “se actuó de forma más rápida” que en la ocupación de los terrenos vecinos a la villa 20 porque “acá quedó comprobado que se trató de un delito flagrante” y “cuando hay flagrancia, las fuerzas de seguridad pueden actuar sin orden judicial”.