SOCIEDAD › HOY PUEDE DETERMINARSE SI LA PROPUESTA DE UNA NEGOCIACIóN EN VILLA LUGANO PREVALECE SOBRE EL DESALOJO
Legisladores opositores impulsan la firma de un compromiso de parte del gobierno de Macri, que sea válido para un reclamo.
› Por Carlos Rodríguez
La de hoy puede ser una jornada clave para definir cómo sigue el conflicto planteado en Villa Lugano con la toma de un predio en el cual el gobierno porteño debía haber realizado hace años obras de saneamiento para la construcción de viviendas y la posterior urbanización de la Villa 20. La disyuntiva es si la situación se encamina hacia una “mesa de diálogo”, como han solicitado los diputados de la oposición o si el gobierno de Mauricio Macri sigue por la vía del desalojo judicial sin posibilidad de negociación directa con los vecinos instalados en los terrenos. “Lo que queremos es que no haya enfrentamientos y que se llegue a una solución no violenta que respete el legítimo reclamo de los vecinos para que se cumpla de una vez el proyecto de urbanización de la Villa 20”, le dijo a Página/12 la legisladora porteña María Rachid, del Frente para la Victoria (FPV). Por su parte, el diputado Alejandro Bodart (Nueva Izquierda) recalcó que “lo que estamos pidiendo los legisladores de la oposición es que se firme un compromiso real y concreto, en lugar de un papel sin validez ninguna como se hizo cuando se desalojó el Indoamericano sin que luego se cumplieran las promesas de construcción de viviendas”.
Desde hoy, además de la posible apertura del diálogo entre gobierno y oposición, con participación de los delegados de los vecinos, el tema será analizado en dos instancias judiciales. Por un lado, los fiscales insistieron ante el juez Gabriel Vega para que se libre una nueva orden de desalojo, pero esa medida no podría dictarse hasta que el defensor oficial adjunto, Luis Duacastella, ejerza el derecho de apelar la medida en representación de los vecinos, tal como lo adelantó a este diario. Además, Vega ya no está al frente de la causa, que quedó en manos de la jueza María López Iñíguez, que antes intervino en relación con los sucesos del Indoamericano y dictó el sobreseimiento de las personas que lo habían ocupado en diciembre de 2010.
Por otro lado, para hoy a las 13 hay una audiencia convocada por la jueza Elena Liberatori, responsable de la causa madre, en la que, desde el año 2006, se vienen haciendo presentaciones de todo tipo con vistas a lograr que el Ejecutivo macrista finalmente cumpla con lo dispuesto por la ley en 2005: que se avance con la urbanización de la Villa 20. Para lograr ese objetivo, lo primero que debió haber hecho el Gobierno de la Ciudad era la descontaminación del predio hoy ocupado por los vecinos ante la falta de respuesta de las autoridades.
El viernes, un grupo integrado por 14 legisladores porteños de la oposición, entre ellos Rachid, Bodart, Marcelo Ramal y Gustavo Vera, le pidió, al hasta ese momento juez de la causa, que promueva la formación de “una mesa de diálogo y trabajo multisectorial” integrada por “todos los actores intervinientes en el conflicto”, incluyendo a los legisladores y a los vecinos, para buscar con el gobierno porteño “una salida pacífica”. Luego de recordar que en el predio de Lugano hay familias con “niños y niñas” que podrían “correr riesgo de vida” ante un desalojo violento como los que suelen ocurrir en casos como éste, los diputados solicitaron que no se adopte “ninguna nueva medida de tipo compulsiva” hasta tanto no se ponga en funcionamiento la “mesa de diálogo”.
Al margen del pedido judicial, los legisladores, que tienen contacto permanente con las autoridades porteñas, han hecho el mismo pedido “pero todavía no tuvimos ninguna respuesta concreta, aunque mañana (por hoy) esperamos reunirnos con los representantes del Ejecutivo”, explicó a este diario Alejandro Bodart. Hasta anoche, la única opinión nueva sobre el conflicto, de parte del gobierno porteño, lo dio la secretaria de Hábitat e Inclusión, Marina Klemensiewicz, y no fue muy amistosa que digamos.
Además de calificar a los ocupantes de “intrusos”, aseguró, sin dar pruebas de sus dichos, que entre las personas que allí se instalaron están algunas sospechadas de estar vinculadas “con el narcotráfico”. La funcionaria aseguró además que la situación planteada se produjo por “una incitación vinculada claramente con cuestiones políticas”.
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