Las familias que ocupan desde hace 25 días un predio en Villa Lugano mantuvieron ayer una vigilia ante una posible orden de desalojo que, se suponía, era inminente. Pero la orden aún no se impartió. La jueza María Gabriela López Iñíguez, a cargo de ejecutar esa medida, le ordenó al gobierno porteño conformar una “mesa técnica” que proponga un plan para poder desocupar esos terrenos. La jueza adoptó esa decisión después de recibir un escrito firmado por treinta legisladores de la oposición porteña en el que proponen “una salida dialogada” al conflicto, de manera de evitar medidas “no consensuadas o violentas”. En tanto, los ocupantes preparan un acto contra el desalojo, frente al predio tomado, con la participación de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y legisladores. Según fuentes judiciales, el desalojo se ordenaría recién la semana próxima.

La jueza emitió ayer a la tarde una resolución que dispone que el Ministerio Público Fiscal, la Policía Metropolitana, el SAME y otros organismos porteños afectados al desalojo de esos terrenos deberán conformar una mesa técnica “para diseñar la forma en que se ejecutará la orden”. Además, dispuso que los ocupantes del predio deberán ser notificados en una fecha anticipada del operativo de desalojo, aunque no precisó el plazo de ese anticipo.

Previamente, la jueza había recibido una nota firmada por legisladores de todos los bloques opositores, en la que informan que en la Legislatura se encuentra en tratamiento un proyecto para conformar una mesa de diálogo, que debería ser tratado el martes en la Comisión de Vivienda de ese cuerpo. Los treinta diputados convocaron para hoy al mediodía a una conferencia de prensa, donde ratificarán su voluntad de mediar en el conflicto para obtener una solución negociada que garantice el derecho a la vivienda.

La nota fue firmada por el interbloque kirchnerista y los bloques de UNEN, el MST y FIT. Según el legislador Alejandro Bodart, “la intención es que la jueza sepa que puede haber una salida negociada”. “La gente de la toma ya no cree en las promesas del gobierno del PRO, porque tiene la experiencia del Indoamericano, donde no cumplieron lo que prometieron. Pero es diferente si la solución habitacional tiene el respaldo de toda la Legislatura”, explicó Bodart.

El titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Javier Gentilini, quien visitó el predio ocupado, precisó que la solución pasa por “conformar una comisión con funcionarios porteños, vecinos, legisladores y con la vicaría de las villas, para consensuar sobre el tema y que los vecinos tengan confianza en un proceso de diálogo”. Hasta ahora, el PRO se niega a integrar esa comisión.

“El desalojo no es la solución para resolver la emergencia habitacional de la Ciudad”, dijo el diputado José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro). “La represión no puede ser nunca la respuesta a los problemas que afectan a las miles de familias que viven sin acceso a los derechos básicos.”

Ayer, cuando caía el sol, en la carpa principal, de lona amarilla, ardían las brasas. Un grupo de mujeres preparaba un guiso para los chicos que permanecen en la toma. Las familias resisten en carpas o casillas precarias, de madera o chapa: nadie ha levantado todavía paredes de ladrillo. Algunos siguen utilizando el baño compartido del cuarto que alquilaban, en la vecina Villa 20. “Pero a otros les dijeron que no pueden volver, porque se vinieron para acá”, cuenta Rosa, una de las cocineras.

Las familias permanecen desde el 24 de febrero en los terrenos de Fernández de la Cruz y Escalada. La mayoría son habitantes de la Villa 20, inquilinos que pagaban entre 1000 y 1500 pesos por un cuarto. El predio tomado, bautizado Papa Francisco, ha sido cerrado con alambrado y hoy sólo se puede entrar o salir por un pasillo de la villa, en una calle lateral.

Esas circunstancias, entre otras, fueron analizadas ayer por los fiscales Germán Garavano, Luis Cevasco, Carlos Rolero y Martín López Zavaleta y oficiales de la Policía Metropolitana, para evaluar la situación derivada de la orden judicial. Resolvieron que el operativo se hará la semana próxima.

La jueza López Iñíguez está habilitada para ordenar el desalojo después de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal rechazara la presentación de la Defensoría General. El tribunal dispuso que en el operativo intervengan además efectivos de la Policía Federal y Gendarmería.