La elección de jefe de Gobierno no es la única que tienen por delante los porteños: por estos días se ha iniciado el proceso para designar al próximo Defensor del Pueblo. La renuncia de Alicia Oliveira –ahora directora de Derechos Humanos de la Cancillería– precipitó la elección, que debía realizarse de todas formas, ya que los cuatro defensores adjuntos que la acompañaron terminan su mandato el 12 de noviembre próximo. Son 34 los candidatos inscriptos para ocupar esos cinco cargos, que deberán ser elegidos por la Legislatura. Seis de esos candidatos son actuales diputados de la Ciudad. Si bien se ajusta a las formas exigidas por la ley, el proceso llamó la atención de seis organizaciones no gubernamentales que advirtieron sobre la “falta de transparencia” del trámite, que a su criterio “no cuenta con la suficiente publicidad”, por lo que advierten como probable que la designación “responda más a acuerdos políticos partidarios que a criterios de idoneidad y compromiso del candidato”.
Tres de los candidatos ya ocupan el cargo de defensores adjuntos: son Gustavo Lesbegueris (con el apoyo de 47 asociaciones civiles), Diana Maffía y Antonio Brailovsky. También fueron aceptadas la postulación de Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, el reportero gráfico asesinado en 1997 y de Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad. En cuanto a los diputados que se postulan, están Alicia Pierini (PJ), Roque Bellomo (Frente Grande), Marcela Larrosa (UCR), Claudia Serio (UCR), Atilio Alimena (Demócrata), y Eduardo Peduto Pardo. También está Federico Caeiro, primo del diputado Fernando Caeiro (un radical que hoy milita con Patricia Bullrich).
La lista fue elaborada por los propios diputados sobre una lista de 59. Los candidatos debían tener el respaldo de por lo menos un legislador. En ese primer filtro quedó afuera la diputada nacional María José Lubertino (UCR), que no logró el apoyo de ningún diputado.
Guste o no, lo dice la ley 3 de la Ciudad Autónoma: sólo serán candidatos quienes sean propuestos por un legislador; y resultarán elegidos aquellos que consigan 40 de los 60 votos de la Legislatura. No son estos requisitos los que generaron la preocupación de las ONG, sino la publicidad que se dio al proceso, que consideran escasa: hubo sólo tres solicitadas en diarios de alcance nacional. Una nota donde se reclama “mayor transparencia” llegó a la Junta de Etica de la Legislatura, encargada de la elección. La carta está firmada por Poder Ciudadano, el centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Unión de Usuarios y Consumidores. Hasta el viernes no había sido respondida.
Las seis organizaciones manifiestan su “preocupación por la falta de transparencia en el proceso de designación del Defensor del Pueblo”. La advertencia radica en que el procedimiento “no cuenta con la suficiente publicidad, y por ello, la sociedad civil no puede participar efectivamente de dicho proceso”. Ninguna de las organizaciones presentó candidatos: “Preferimos monitorear de cerca todo el proceso para garantizar la transparencia: que la elección se haga por antecedentes y no por compromisos políticos partidarios”, dijo a Página/12 María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano. “La Defensoría del Pueblo no pertenece a los políticos sino a la sociedad civil”, agregó Andrea Pochak, del CELS.
Para los organismos, otro punto inquietante es que la elección se haga antes de la renovación de la Legislatura, que se producirá el 10 de diciembre: hoy el cuerpo está compuesto por veinte bloques y muchos de los diputados que lo integran son reemplazantes de los que renunciaron para ocupar cargos en el gobierno nacional.
“La ley no les prohíbe a los legisladores que sean candidatos”, dice Roque Bellomo, presidente de la Junta de Etica, quien pidió licencia enese cargo para participar como candidato. Para Bellomo, la presentación de las ONG es “extemporánea”, dado que “si no están de acuerdo con el procedimiento, debieron proponer antes una modificación de la ley”.
Desde otra posición política, Alicia Pierini expresó el mismo criterio: “Me llama la atención que cuestionen en el 2003 una ley que se aprobó en 1998”, dijo. Ambos diputados se mostraron conformes con la idea de las ONG en fiscalizar la elección, pero reprocharon que no hubieran tenido igual interés en la reciente elección de jueces en la Ciudad.
Aunque ya no puede haber nuevos candidatos, las objeciones a los actuales podrán hacerse en una audiencia pública. La fecha tentativa para la elección es el 30 de septiembre, en una sesión especial de la Legislatura.