SOCIEDAD › OPINIóN
› Por Mariano Molina *
El reciente conflicto en la provincia de Buenos Aires suscitó algunos debates interesantes. Lo demás es pura estigmatización de la tarea docente.
Un paro por tiempo indeterminado tiene una dimensión grave. Tanto que vale –creo– sólo en momentos de crisis profundas. No estamos en 1988 o 1992 y pareciera que un paro de esas características no es el camino correcto, más allá del final. Porque en la vida no se puede ser bilardista y que todo se defina por el resultado. A veces nos cuesta encontrar la vía apropiada a nuestras demandas y en muchas ocasiones estas medidas se justifican en una cuestión salarial porque difícilmente podrían hacerlo si sólo se refirieran a un pedido de cambio de currícula, mejor formación o inversión en infraestructura.
Dicho lo anterior en el sentido de autocrítica y porque me siento parte del mundo de las organizaciones sindicales docentes y no quiero su debilidad, es bueno también ahora poder observar otras actitudes que ayudan a potenciar estos conflictos.
Si los reclamos son aceptados como legítimos y la educación pública ocupa un lugar “fundamental” en la sociedad, ¿qué lleva a que las negociaciones salariales sean similares a la compra-venta de artículos? ¿Por qué hay que regatear como si se estuviera en una feria? ¿Por qué el Estado nacional o distrital negocia bajo esta lógica? Si la provincia terminó dando un aumento cercano a lo pedido, ¿por qué arrancar siempre ofreciendo menos y llevar la situación a una disputa permanente en términos de relaciones de fuerza? Las autoridades estatales cometen graves errores en esta forma de actuar, arrinconando a los docentes en modalidades de negociación que no deberían existir si la educación fuera un bien tan preciado, como se declama públicamente.
Entonces, hay un valor social de la educación que precisamos analizar para entender ciertas actitudes. Habrá que sincerarse: ¿por qué los docentes tienen salarios más bajos que otros ámbitos que no necesitan estudios ni formación ni tienen tamaña responsabilidad social? ¿Qué actitud toma el ciudadano frente a un reclamo docente y cuál frente a otras huelgas?
Tengo la triste sensación de que la educación pública no ocupa el lugar que la sociedad gusta decirse que ocupa. He aquí un nudo. Si se sigue pensando que la escuela es el lugar en el que niños, niñas y adolescentes simplemente transitan y sólo necesitan “aprender algo”, el trabajo docente seguirá relegado, porque se piensa su rol en tanto contenedor y apostolado, y no como potenciador del conocimiento y el dinamismo social.
Vivimos un tiempo de presupuesto educativo inédito, con un gobierno nacional comprometido, también producto de luchas históricas. Pero hay falencias que superan estas determinaciones. Hay una discusión más profunda que no se define en el apoyo o no al gobierno nacional. De hecho, gran parte de los docentes apoya y apoyamos a la Presidenta. El debate sobre la educación pública supera esas fronteras.
Sólo una idea: un país vecino, Bolivia, inició un proceso obligatorio de formación universitaria para docentes. Sería interesante pensar algo similar. Una profesionalización así daría un mayor nivel educativo y generaría también más legitimidad para ciertos reclamos sobre la tarea docente, en contra de objeciones recurrentes (algunas ciertas y otras producto de la estigmatización o la ignorancia).
Quedará para otro momento una reflexión sobre el rol de comunicadores propios y ajenos, tan cercanos a la banalización y tan lejanos de pisar una escuela pública, que poco ayudan a debatir un elemento estructural para un país inclusivo, solidario y con pretensiones de igualdad.
* Docente y periodista.
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