La gestión en salud mental del gobierno porteño se refleja con patetismo en el hospital Moyano. Un batallón de auditores del Ministerio de Modernización invade la privacidad de las pacientes y las descompensa. Los profesionales que trabajan en el neuropsiquiátrico son hostigados de diversas formas: les bloquean los sueldos bajo un presunto ausentismo cuando en rigor están de vacaciones, cumplen más horas de las que indica la ley por tarea riesgosa o insalubre, son sometidos a prácticas laborales que comparan con “los años oscuros de la dictadura” y en breve serán vigilados por cámaras de seguridad que están instalándose en el lugar.

La asamblea de profesionales del hospital Moyano cuestiona a la subdirectora a cargo, María Norma Derito. Pero también se pregunta qué hace junto a ella Horacio Chighizola, el ex vicecanciller de la Alianza, designado como “asesor económico” por la ministra de Salud, Graciela Reybaud –así se presentó ante el personal–.

Ernesto Luna, el gerente de Relaciones laborales del Ministerio de Modernización nombrado por el titular del área, Andrés Ibarra, es hoy otro funcionario clave en el Moyano. Los trabajadores citan en una carta que le enviaron al defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, que un auditor privado les dijo: “El Moyano es peor que tres Boca”. Una forma absurda de comparar la gestión en salud con la del fútbol. Acaso porque Ibarra fue un gerente general de Boca Juniors que Macri llevó a la función pública y que ahora pretende modernizar el neuropsiquiátrico.

Los dos ministerios, Salud y Modernización, mantienen una interna con sordina por el control del hospital “mientras continuamos con nuestra medida de fuerza”, informaron los profesionales del Moyano. Su plan de lucha consistió en asambleas y una radio abierta en el playón del hospital anunciada para hoy de 8 a 11, en el marco de un paro activo.

El personal se queja del presunto maltrato de Chighizola y Luna. Del primero dicen que se dirigió a una psicóloga con palabras desconsideradas: “Yo nunca me atendería con usted”. Del segundo, que le espetó a un grupo de médicos ser “una banda”, y que sólo los atendería en forma individual uno por uno.

“El hospital tiene gente precarizada y flexibilizada”, le dijo a Página/12 Andrés Añon, el presidente de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad. La jefa de nutricionistas del Moyano, Norma Monfardini, le escribió a Derito en defensa de una colega de su Departamento de Alimentación y Dietética: “La profesional (...) se encontraba de licencia anual reglamentaria del 20 de enero al 10 de febrero de 2014, tal como figura en la propia lista de escrache en la columna derecha. Lista malintencionada que fue elaborada por agentes políticos macristas de turno”. La licenciada Monfardini es la mamá de Jimena Hernández, la joven estudiante asesinada en 1988 en el natatorio del Colegio Santa Unión de Caballito.

La asamblea de profesionales hizo un punteo de las denuncias contra las autoridades del hospital por “bloqueos de haberes por segundo mes consecutivo; persecución y acoso laboral de los trabajadores; intento de reubicarlos en otras áreas de Salud; incumplimiento de la Carrera de Profesionales de Salud del GCBA y de las leyes 448 y 26.657 de Salud Mental”.

Las pacientes internadas en el Moyano “han tenido manifestaciones de tipo paranoide y persecutorio por las presencias extrañas para su cotidianidad, en su mayoría de sexo masculino”, denuncia un profesional. Se refiere al cuerpo de auditores que recorre los distintos pabellones, planillas en mano, con el objetivo de controlar el presentismo de los médicos, psicólogos y asistentes sociales que se desempeñan en el hospital. Además de que deben firmar su entrada y salida con número de documento, están obligados a hacerlo dos veces más durante su horario de trabajo, aun cuando se encuentren atendiendo.

“Viene la policía a buscarme”, dijo una enferma psiquiátrica atemorizada por la situación. La anécdota la cuenta una profesional que la trata. “Vivimos situaciones donde pacientes fueron observadas desnudas preparándose para higienizarse, o en situaciones de crisis, mientras almorzaban o simplemente en los espacios psicoterapéuticos”, agrega otro trabajador que integra la asamblea.

La situación dio cierto vuelco cuando el viernes pasado visitó el Moyano la directora general de Salud Mental, María Concepción Grosso, acompañada de un grupo de asesores. Finalizada una reunión que mantuvo con los profesionales, éstos difundieron un comunicado en el que explicaron: “La señora directora de Salud Mental pidió disculpas en nombre del ministerio y de su persona por el hecho acontecido en el hospital. Y explicó que hasta la fecha se mantienen diferentes reuniones, mencionando que aún no lograron que cese la auditoría de Modernización”.

La asamblea en su carta al defensor del Pueblo describe que “la primera etapa de la auditoría finalizó con el bloqueo de haberes de 69 agentes municipales, los cuales en su gran mayoría se encontraban con algún tipo de licencia anual reglamentaria y/o parte médico. Este bloqueo fue firmado por la subdirectora del hospital (Derito)”.

Añon concluye: “Es posible que lo hagan por las tierras, como ocurrió en el Borda, porque en este hospital se adquirió un desarrollo humano importante, porque es chico y vulnerable. El Moyano hace mucho tiempo que es maltratado y quizá se haya tomado como un ejemplo a disciplinar. Aunque no tuvieron en cuenta que los compañeros iban a ofrecer tanta resistencia”.

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