Con el apoyo de un amplio arco político, se presentará hoy en Diputados el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es la quinta vez que llega a la Cámara baja, tras ir perdiendo estado parlamentario, sin tratamiento. En esta oportunidad, más de sesenta diputadas y diputados del oficialismo y la oposición suscribieron la iniciativa, que tiene la paradoja de ser una de las propuestas que ingresan con más firmas de legisladores en la historia parlamentaria, pero que al mismo tiempo, en siete años, nunca se llegó a debatir formalmente en el recinto. Este año también el proyecto se presentará por primera vez en el Senado.

La presidenta del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, y unos treinta integrantes más del oficialismo y de espacios aliados al kirchnerismo le pusieron su firma, como Diana Conti, Adriana Puiggrós, Araceli Ferreyra, Mario Oporto, Liliana Mazure, Andrea García, Mara Brawer, Horacio Pietragalla, Héctor Recalde, Edgardo Depetri y Carlos Heller. Por la UCR firmó Manuel Garrido y cuatro miembros más del bloque; de Unen, Carla Carrizo; del GEN, Margarita Stolbizer, Virginia Linares y Fabián Peralta; de Proyecto Sur, Alcira Argumedo; de Libres del Sur, Victoria Donda; los tres integrantes de Unidad Popular, Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y Antonio Riestra; del socialismo, Alicia Ciciliani, Roy Cortina, Ricardo Cuccovillo, Juan Carlos Zabalza, Omar Barchetta y Elida Rasino, entre otros apoyos.

Desde la primera vez que fue presentado, en 2007, cada vez que el proyecto volvió a ingresar en la Cámara de Diputados fue sumando adhesiones. Sin embargo, en estos años, la propuesta no obtuvo el aval político para que pueda discutirse en el recinto como otros proyectos, que generaban rispideces y resistencias en sectores del oficialismo, pero que implicaron históricos avances en la ampliación de derechos, por caso, la ley de matrimonio igualitario, que tenía a la vez fuerte oposición de la jerarquía católica, cuya cruzada fue encabezada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. La Iglesia Católica rechaza fervientemente la descriminalización del aborto.

La despenalización y legalización del aborto divide a las bancadas mayoritarias. Los apoyos se suman transversalmente. Sólo en el socialismo, Nuevo Encuentro y en las izquierdas hay acuerdo al interior de sus bloques. Del otro lado del espectro político, ningún diputado del Frente Renovador y solo una del PRO –Laura Alonso– acompañan con su firma el proyecto, que se presentará hoy a las 10.30, con una conferencia de prensa, en la que participarán referentes de cada uno de las bancadas que lo suscriben. Aunque hay legisladores como Felipe Solá, ahora enrolado en el FR, que manifestó públicamente en distintas oportunidades su posición a favor de la despenalización del aborto, pero no quiso firmar el proyecto. Solá preside una de las comisiones a las que será girada la iniciativa, la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. También deberá pasar por la de Legislación Penal, cuya titular, Patricia Bullrich, de Unión PRO, en los últimos años expresó su oposición a la propuesta, a pesar de que en 1994 había presentado un proyecto que proponía justamente la despenalización del aborto. La tercera comisión que debería dictaminar sobre el tema es la de Acción Social y Familia, que está a cargo de Adriana García, del FpV, firmante de la iniciativa.

La propuesta de la campaña despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria de un embarazo en las primeras doce semanas de gestación, y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación y si el feto tiene malformaciones graves. Prevé además que la atención sea realizada en hospitales públicos y también tenga cobertura por obras sociales y prepagas. Y no establece ningún requisito más que la voluntad de la mujer de llevar adelante esa decisión. El texto surgió de un extenso debate dentro de la campaña, que se conformó en 2005 y articula más de 300 organizaciones de mujeres, sociales, sindicales y de derechos humanos de todo el país. El CELS, Amnistía Internacional, la CTA que encabeza Hugo Yasky, diversas universidades públicas, entre otros espacios, apoyan el proyecto.

Con múltiples actividades, a lo largo de los últimos nueve años, la campaña logró romper el silencio en la opinión pública y darle mayor visibilidad a la problemática del aborto clandestino en la Argentina. Se estima que en el país cada año alrededor de 450 mil mujeres recurren a un aborto en la clandestinidad, con los riesgos que significa para su salud la posibilidad de una infección u otra complicación al no tener acceso a una atención segura. “Es por eso que sostenemos que el debate sobre la despenalización y legalización del aborto resulta fundamental y urgente”, señaló a Página/12 la activista Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que forman parte de la campaña. Uno de los principales fundamentos de dicha campaña es que el aborto clandestino es “un problema de salud pública por ser la primera causa de muertes maternas, y es un reclamo de justicia social, ya que las principales víctimas son las mujeres pobres y jóvenes”.

Para Alanís, la falta de voluntad política para promover el debate por la despenalización del aborto en el Congreso “es una mancha para un gobierno que ha sido abanderado de los derechos humanos. Y en este período se ha avanzado como nunca en derechos”. Legisladoras del oficialismo analizan la posibilidad de pedir la realización de “sesiones especiales” para discutir a lo largo del año el tema en el recinto y mantenerlo en agenda, como ya ocurrió con otros temas que no entraban en la agenda parlamentaria. En esos casos, se solicita al presidente del cuerpo, que debe conceder el pedido. La campaña empezará en estos días a juntar firmas de senadores y senadoras para presentar la iniciativa en la Cámara alta.

Otros espacios afines al kirchnerismo también participarán hoy de la presentación del proyecto, por considerar que se trata de una iniciativa “fundamental para la vida y la salud de las mujeres”. Entre ellos, el Frente de Mujeres Nacional y Popular. “Este año, despojado de límites y restricciones impuestas por un contexto electoral, resulta a nuestro entender favorable para abrir un debate sincero y abierto, sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo encarna uno de los derechos elementales de las mujeres, como es la de poder decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad”, opinó la abogada Claudia Perugino, referente de Todas con Cristina, integrante del FMNyP.