Habría otros niños, quizá muchos, en situaciones estructuralmente similares a las de la joven que estuvo encerrada durante nueve años en una casa de Villa Lugano: sometidos a maltrato bajo “guardas provisorias” sobre las que el Poder Judicial no ejerce el control que debería. Una funcionaria de la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense explicó que, con la legislación actual, la guarda provisoria ya no existe y la “guarda preadoptiva” no puede extenderse más de seis meses. Pero todavía hay muchos chicos, desde hace años, en la situación “provisoria” permitida por la ley anterior: “A veces nos enteramos porque los padres, cuando el niño entra en la adolescencia, simplemente lo devuelven”, graficó la funcionaria. Un especialista en niñez señaló que “en esto la Justicia se parece a la policía: o no interviene, o interviene y masacra”. Entretanto, la niña rescatada en Villa Lugano se revinculó con dos de sus hermanas –una de ellas, la que la salvó– y permanece en un instituto de rehabilitación: “Su desarrollo físico y psíquico no es acorde con su edad, pero tiene buen pronóstico”, informó la Secretaría de Niñez.

La Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires precisó que intervino “por primera vez con la niña ‘J. A.’ el 19 de noviembre de 2013”. La niña estuvo internada varias semanas en el Hospital Evita, “se trabajó la revinculación con su hermana mayor y se la ingresó a uno de los mejores centros de atención a niños con discapacidad de la provincia”, donde “se reencontró con otra de sus hermanas, también alojada allí, con quien hoy comparte no sólo habitación sino también sus días. Su desarrollo físico y psíquico no es acorde con su edad cronológica pero tiene buen pronóstico”.

Según explicó Cecilia Tomé –directora de Promoción y Protección de Derechos del Niño de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia bonaerense–, “la Ley provincial 10.067 permitía al juez otorgar guardas provisorias ante ‘situaciones de riesgo’, generalmente dadas por la pobreza: esas guardas se otorgaban a familias o a hogares de niños. El control estaba a cargo de los juzgados –en su momento llamados ‘de menores’ y hoy ‘de responsabilidad penal juvenil’–, bajo seguimiento de los asesores de menores. Desde 2007, nos ocupamos de los chicos bajo este régimen en hogares convivenciales, pero, cuando los guardadores son familias, la competencia directa es de los juzgados y no hay cruzamiento de información actualizada. A veces tomamos contacto porque los guardadores, lamentablemente, devuelven a los chicos; suelen hacerlo cuando el niño entra en la adolescencia, después de haberlo tenido durante años; como el chico no había sido adoptado, vuelve a quedar en situación de abandono, sin poder reclamar cuota alimentaria ni nada a quienes así lo dejan”.

“En cambio –continuó Tomé– la Ley bonaerense 14.528, de Procedimientos de Adopción, sancionada el año pasado y que está terminando de reglamentarse, establece que cuando, por motivos graves, se separa al niño de sus padres, puede permanecer hasta 180 días, o en un hogar convivencial, o en un marco de familia ampliada: abuelos, tíos, otros familiares o familias de la comunidad a la que pertenece el niño. Pasado ese lapso, en caso de que la familia de origen no pueda hacerse cargo de la crianza por vulnerar los propios derechos de sus hijos, la Secretaría de la Niñez propicia ante el Juzgado de Familia (ya no el de Menores) la adoptabilidad. Se convoca a inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guarda para la guarda preadoptiva, cuyo plazo es de seis meses tras los cuales debe decretarse la adopción.”

Cuando la niña J. A., de 15 años, fue rescatada de su encierro en una casa de la calle Pola, de Villa Lugano, pesaba sólo 20 kilos y presentaba signos de quemaduras, refirió haber sido encadenada y castigada. Su libertad fue posible gracias a la acción de una hermana mayor que, al cumplir los 18 años y salir de la institución de menores donde ella misma estaba internada, acudió a la Justicia en busca de su hermana. Por el caso se hallan detenidos Daniel Miguel Gómez, de 43 años, y Adriana María José Barros, su pareja, de 56.

Emilio García Méndez, titular de la Fundación Sur Argentina, comentó que, en el caso de J. A., “el punto más importante es el nulo control por parte de la Justicia, la negligencia en situaciones como ésta, donde la Justicia, ni da en adopción ni controla las guardas provisorias que otorga. En esto, se parece a la policía: o no interviene, o interviene y masacra”.

El fiscal Juan Necol pidió “investigar presuntas irregularidades en el trámite de guarda provisoria de J. A., donde intervino el Juzgado de Menores de Berazategui”.