Vicente Massot, en una charla junto a Julio Bárbaro y Abel Posse.

La Cámara Federal de Bahía Blanca escuchará el martes los argumentos de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani para que se detenga al empresario Vicente Massot. El juez Alvaro Coleffi citó al director de La Nueva Provincia a prestar declaración indagatoria para el jueves y le prohibió salir del país, pero, a diferencia del criterio aplicado con el resto de los imputados, le permitió llegar a esa instancia en libertad. Massot está acusado de coautor de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los gráficos de LNP, y por el rol de su diario como auxiliar de la inteligencia militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir crímenes de lesa humanidad.

Coleffi fundó la prohibición de salir del país en “la naturaleza de los delitos” y “la necesidad de garantizar” la indagatoria de Massot, pedida hace once meses. Para permitirle seguir libre invocó su arraigo en el país, su “conocimiento público” y su conducta durante el proceso. Los fiscales, al apelar la decisión, plantearon que es justamente la cita a indagatoria la que genera el riesgo de fuga y destacaron que dispone de abundantes recursos y contactos para profugarse. Nebbia y Palazzani pidieron que la Cámara reitere el criterio que aplicó el año pasado con el cura Aldo Vara, a quien ordenó detener e indagar. Aquella resolución llegó tarde porque el ex capellán militar ya se había fugado gracias a la negativa a detenerlo del juez subrogante Santiago Martínez. De seguir sus pasos, Massot se convertiría en el sexto prófugo de la causa bahiense.

El empresario que visitaba la ESMA en dictadura y que compartió la mesa familiar con los mayores iconos del terrorismo de Estado se presenta ahora como víctima de una “persecución ideológica” por parte de “quienes no sólo se creen dueños de la verdad sino del país y de las vidas y suertes de sus ciudadanos”. En su auxilio se expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que sin reparar en los asesinatos que se imputan alertó sobre “el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión”. Adepa entrega un premio denominado Federico Massot, hermano de Vicente y vicedirector del diario al tiempo de los crímenes, fallecido en 1990. La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas que preside Manuel Solanet (segundo de Martínez de Hoz en Economía) sugirió que se imputa a Massot “sobre la base de instrucciones dogmáticas e ideológicas” del Ministerio Público Fiscal. Un último apoyo notable, siempre desde las páginas de La Nación, lo aportó la Comisión Permanente de Homenaje a la Conquista del Desierto (sic), que alertó sobre “una actitud persecutoria propia de la intolerancia con que se castiga a quien piensa diferente”.