SOCIEDAD › DECLARARáN POR UNA MUERTE EN LA COMISARíA 6ª DE TOLOSA
Maxi Díaz Subils, de 20 años, detenido en un calabozo de la comisaría 6ª de Tolosa, murió por desaprensión en la atención médica hospitalaria y desinterés y maltrato de policías bonaerenses. Cuatro médicos y cinco policías declararán entre mañana y el 30.
Desde mañana y hasta el 30 de abril van a declarar ante la Justicia cuatro médicos y cinco policías bonaerenses imputados por la muerte de Maximiliano Díaz Subils en un calabozo de la comisaría 6ª de Tolosa, en 2006. La causa es patrocinada por la Asociación Civil Miguel Bru.
El 19 de febrero de 2006, nueve meses después del fallo Verbitsky por el que la Corte Suprema ordenó a la provincia de Buenos Aires a cesar el encierro de enfermos y adolescentes en comisarías, Maximiliano Díaz Subils murió en un calabozo de la comisaría 6ª de Tolosa, después de agonizar más de 14 horas. Sus compañeros de detención llegaron a romper a patadas las bisagras de las rejas de la zona de calabozos para exigir atención médica, que nunca llegó. El 14 de febrero, Maximiliano Díaz Subils, de 20 años, pidió que lo llevaran a un médico porque no podía respirar. Recién cuatro días después lo llevaron al Hospital Gutiérrez platense. La médica de guardia le diagnosticó un problema muscular y le hizo tomar un derivado de la penicilina. De regreso a la comisaría tuvo un brote alérgico y fue trasladado nuevamente, esta vez al Hospital de Gonnet. Lo cierto es que lejos de ser un problema muscular, Maximiliano padecía una infección pulmonar y por si fuera poco era alérgico a la medicación que el 7 recetaron. Para el 18 se sentía cada vez peor y pidió que lo vea un médico otra vez. Antes del mediodía lo llevaron a Gonnet y la médica le detectó por fin una neumonía. Además pidió que lo trasladen a una nueva consulta dentro de las 24 horas.
De regreso al calabozo, su estado se agravó y después de mucho reclamar, los detenidos lograron que lo lleven de nuevo al hospital, donde el médico de guardia se negó a recibirlo con el argumento de que todo lo que tenía eran “mañas” y que lo que pretendía era quedarse en el hospital porque tenía problemas con el resto de los detenidos, según denunció la Asociación Miguel Bru. Ya de regreso, y antes de ser encerrado nuevamente en las celdas, Maximiliano fue amenazado por personal policial, “...si seguís jodiendo con ir al médico te hacemos trasladar a un penal...”, le dijeron. Incluso –según se deduce del rastro de lesiones informadas en la autopsia– habría sido golpeado en las costillas y los testículos. Maxi, mientras agonizaba, rogaba al resto de los detenidos que no pidan por él, ya que tenía pánico de que lo trasladen a un penal. El calvario de Maximiliano terminó sobre una frazada en la que otros detenidos lo sacaron al patio de los calabozos, morado, hinchado, con el cuerpo impregnado de manchas, vomitado e inerte.
Después de ocho años de litigio y un sinfín de dilaciones, la investigación fue asumida por el fiscal Alejandro Marchet quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión. Además un policía está imputado por falsificación ideológica y encubrimiento y otro por coacción agravada. Fabio Villarruel, abogado de la Asociación Miguel Bru, refirió que “es muy importante que la fiscalía haya imputado tanto a los médicos como a los funcionarios policiales, que es lo que veníamos reclamando, porque esta causa debe necesariamente desentrañarse en un debate oral”. Previamente, cuatro fiscales intentaron reducir el conflicto a un supuesto de mala praxis médica y la Fiscalía General sostenía lo que para el abogado constituye un acto “absolutamente divorciado de la verdad y la Justicia”.
“Sin embargo, bien vale resaltar que los familiares de Maximiliano, jamás pretendieron venganza y se hicieron de la paciencia suficiente como para confiar en que la lucha que encarnaron daría resultados”, sostuvo.
Rosa Schonfeld de Bru, presidenta de la entidad que patrocina la causa subrayó la esperanza en la Justicia, que le permite tener este movimiento en la investigación que “empezó siendo una papa caliente que paseó por fiscalías, de culposo a doloso, y hasta se trató de deslindar sin ninguna explicación a los efectivos policiales de la comisaría 6ª”, recordó.
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